MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó hoy prorrogar un mes más el secreto del sumario de la denominada 'Operación Pretoria', en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Así lo explicaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas que explicaron que el juez Pedraz ha adoptado esta decisión en sustitución de Baltasar Garzón, que se encuentra en Estados Unidos para dar una conferencia en el Center on Law and Security de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
La prórroga del secreto está motivada, según explicaron las citadas fuentes, en la necesidad de practicar nuevas diligencias que son necesarias para clarificar los hechos que son objeto de la investigación.
En la 'operación Pretoria' se encuentran imputadas veinte personas, todas las cuales se encuentran en libertad. El cabecilla de la trama, el exdiputado del PSC, Luis García, 'Luigi', salió de prisión el pasado 12 de abril, donde ingresó a finales de octubre. Garzón le dejó en libertad al considerar que no existía riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas o documentos, motivos por los cuales fue privado de libertad de forma preventiva.
OPERACIONES URBANÍSTICAS
García está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Según explicaba Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".
El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, "uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma", se erigió "en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución".
En la trama también están imputados el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC) --en libertad bajo fianza de 500.000 euros-- y otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo 200.000 euros.
Otros imputados son el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos ellos en libertad bajo fianza. A los otros once acusados no se les impuso ninguna cautelar.
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