Santa Cruz de Tenerife 23 Ene. (EP/IP) -
La portavoz del PSC en la materia, Gloria Gutiérrez, centró su intervención en las conclusiones de la investigación realizada por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías relativa a la denuncia judicial privada en curso sobre el concurso para la asignación de la potencia de los parques eólicos.
Esta denuncia se refiere a la establecida por el ex director comercial de la empresa Siemenca, Alberto Santana, por presuntas irregularidades en el concurso eólico. La denuncia judicial se dirigió contra el ex director general de Industria de la Consejería regional del PP, Celso Perdomo, contra el consejero delegado de Siemenca, Wilebaldo Luis Yanes, y contra el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil.
La mencionada denuncia, de marzo de 2005, se ampara en la existencia de unos correos electrónicos que salen de la dirección general de la Consejería y en los que parece que se arbitraba un presunto tráfico de influencias e información privilegiada.
Gloria Gutiérrez declaró que a su grupo "le sorprende" que la investigación de la Consejería no concluyera la existencia de irregularidades administrativas cuando "la misma denuncia y los mismos correos electrónicos han dado lugar a una investigación judicial que tiene suspendido (provisionalmente) a un magistrado". Se refería al presidente de la Audiencia provincial de Las Palmas, Antonio Martín y Martín
Pero el PSC tampoco va a compartir, según Gutiérrez, el contenido del informe de la Consejería, que dice que "es deseable" que las bases de los concursos "sean conocidas con anterioridad por diferente sectores empresariales, tanto públicos como privados". La portavoz manifestó que este proceder "no es serio" porque, en su opinión, las bases se deben discutir con anterioridad con todos los sectores implicados pero, "una vez que se elaboran, deben seguir los cauces de la publicación, con total transparencia y cumpliendo con el principio de la libre concurrencia", que debe garantizar un concurso público
El PSC pidió a Tejedor que, cuando se redacten las nuevas órdenes, se tenga en cuenta "si las empresas que, en su día recibieron información privilegiada" pueden volver a pujar por la concesión de la potencia eólica. También "esperamos que no se ponga ningún ecétera para ser valorado a posteriori" por el equipo de la Consejería, advirtió Gutiérrez.
Marisa Tejedor apeló a la seriedad de la portavoz del PSC por mezclar, en esta comparecencia, la situación de la decisión del TSJC de anular el decreto de 2003 para la regulación de la asignación de la potencia eólica con la investigación que llevó a cabo la Consejería en octubre de 2005, a petición del Parlamento.
La consejera recordó que la investigación era de carácter administrativo. Un ámbito que, como aseguró, dejaba al margen la cuestiones denunciadas judicialmente por Alberto Santana, en primera instancia en el en la Fiscalía Especial para al Represión de los Delitos Económicos derivada en la actualidad al juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.