En materia de Educación, los socialistas abogan por el trilinguísmo con el inglés como "objetivo irrenunciable"
BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La responsable de Políticas Sociales y Sectoriales de la Ejecutiva del PSE-EE, Isabel Celaá, pidió hoy en Bilbao que el Gobierno vasco negocie políticamente el Decreto que obliga a utilizar el euskera en empresas y que se eliminen las sanciones previstas en caso de que no se cumplan sus directrices.
Según Celaá, el decreto introduce una "exigencia desproporcionada entre una eventual demanda del servicio en euskera y el perjuicio laboral a personas en la peor edad para competir por un puesto de trabajo", en el caso por ejemplo de empleados de escasa cualificación de "40 años o más" que deba reciclarse o "peor aún, pierda su trabajo para ser sustituido por el euskaldun del Decreto", algo que, a su juicio debe ser modificado.
La responsable socialista aseguró que "no es pacífico entre nosotros", y por lo tanto necesita negociación y acuerdo, el hecho de que los poderes públicos intervengan en la actividad privada, "imponiendo no ya pautas de actuación, sino obligaciones lingüísticas sancionables" a las empresas, entidades y establecimientos abiertos al público.
Para Celaá, esta intervención en la actividad privada es "un salto cualitativo que merecería negociación política para renovar el consenso lingüístico y el Gobierno, por omisión ha perdido una gran oportunidad, confundiendo el consenso social con el sector con el consenso político".
INSEGURIDAD JURIDICA
Según dijo, los socialistas no pueden "consentir" la "enorme inseguridad jurídica" que se extiende a todos aquellos establecimientos que siendo pequeños, pertenecen a grandes entidades y "por lo tanto, les son de aplicación las obligaciones lingüísticas del Decreto".
Para los socialistas, es necesario eliminar las obligaciones lingüísticas sancionables y una inseguridad jurídica que se extiende también a las grandes empresas, a las que se "les obliga a mantener personal bilingüe en todos y cada uno de sus establecimientos, independientemente de su tamaño y número de empleados". Celaá pidió también que se eliminen del Decreto las "sanciones previstas de carácter genérico y alcance imprevisible".
Celaá aseguró a ese respecto, que la "política lingüística ha de basarse en la flexibilidad y la progresividad", al tiempo que debe ser "ponderada y siempre integradora, de forma que no se perciba como agresión".
En ese sentido, criticó al Gobierno vasco por "intentar copiar con el decreto la realidad catalana, cuando Euskadi no es Cataluña" y por liderar la política lingüística de "manera tan grosera como lo ha hecho Ibarretxe diciendo que todos los vascos sabemos euskera".
EDUCACIÓN
En materia de Educación y política lingüística, defendió la necesidad del trilingüísmo, con un modelo "mixto, flexible a conjugar por la autonomía de los centros y en función de la realidad sociolingüística que los rodea", un modelo que tenga presencia vehicular del euskera, castellano, "más el inglés como objetivo irrenunciable".
Según dijo, el trilingüísmo asegurará la convivencia lingüística en la Escuela Vasca como lo hace el Sistema de Inmersión Catalán en Cataluña, por lo que "parecerá un despropósito que el Departamento de Educación siguiera empecinándose en imponer el Sistema Catalán sobre el Sistema Educativo Vasco vaciándolo de su cualidad de propio, de sus especificidades y de su propia realidad".
Celaá aseguró que los socialistas están dispuestos "a pactar una nueva Ley con el Gobierno, si hay realmente deseos de ahondar en el modelo educativo vasco, y no de romper con él".
