MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE se está planteando revisar su última oferta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que buscaba la integración de buena parte de las minorías representadas en el Parlamento. Tras las elecciones del 9 de marzo, que inicialmente han situado a Esquerra Republicana y a Izquierda Unida en el Grupo Mixto, en medios socialistas se considera que ahora ya no hace falta abrir tanto el abanico de fuerzas políticas en el nuevo CGPJ, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.
En la fase final de la legislatura recién terminada, el PSOE propuso una renovación del CGPJ basada en el principio de que ninguno de los dos grandes sectores político-judiciales --la Asociación Profesional de la Magistratura y el PP, por un lado, y Jueces para la Democracia y el PSOE, por otro-- alcanzara los nueve puestos que dan la minoría de bloqueo en la institución.
IU-ICV Y ERC PIERDEN OPCIONES DE ESTAR.
De esa manera se facilitaría la entrada en el Consejo de otras asociaciones judiciales, como la Francisco de Vitoria, y de buena parte de las minorías parlamentarias, garantizando así derecho de propuesta a CiU, al PNV, a Esquerra Republicana y a Izquierda Unida. La propuesta socialista tenía el aval de todos los grupos de la anterior legislatura, salvo el PP, que bloqueó la negociación.
Sin embargo, una vez producida la debacle de las minorías en las elecciones del 9 de marzo, los socialistas entienden que el escenario ha variado. Sólo CiU y el PNV han conseguido grupo parlamentario propio, mientras que IU-ICV y ERC parecen abocados al Grupo Mixto. En ese contexto, el PSOE se siente eximido del compromiso de reservar puestos a republicanos e Izquierda Unida.
De esa manera, y siempre que finalmente el PSOE mantenga al menos su compromiso de evitar minorías de bloqueo en la institución, se podría llevar a un nuevo reparto de los veinte vocales: ocho candidatos conservadores y otros tantos progresistas, más uno de CiU, otro del PNV, otro de la Francisco de Vitoria y el último de los jueces no adscritos, con el visto bueno de los mayoritarios.
El PSOE tendría además más margen para buscar nombres de consenso con el PP para completar las ternas y para la futura presidencia del CGPJ, que también lo es del Supremo y que por tanto corresponde a un magistrado ajeno a los 20 vocales que vota el Parlamento.
PRIMERO, RENOVAR LA JEC.
En cualquier caso, el reto más inmediato de la nueva legislatura no será la renovación del CGPJ, sino de la Junta Electoral Central (JEC), que ha de cerrarse en los 90 días siguientes a la constitución de las Cortes, antes del 30 de junio, y sin opción a prórrogas.
Este organismo arbitral, que tiene su sede en la Cámara Baja, está compuesto por trece miembros, de los que ocho son magistrados del Tribunal Supremo y cinco son catedráticos en activo, a los que se suma, con voz pero sin voto, el secretario general del Congreso y el el director de la Oficina del Censo Electoral.
Los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por sorteo en el el Consejo General del Poder Judicial y entre ellos se nombra al presidente y al vicepresidente. Pero los cinco catedráticos, de las ramas de Derecho o Ciencias Políticas y de Sociología, deben ser designados a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Conforme a los resultados cosechados en las elecciones generales del pasado 9 de marzo, es previsible que el PSOE proponga tres candidatos y el PP se reserve los otros dos. Eso sí, los aspirantes deben ser examinados en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso.
