MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca volvió hoy a sentarse en el banquillo para declarar, en esta ocasión, en el Tribunal de Cuentas como acusado por malversación de caudales públicos ante las supuestas irregularidades contables cometidas por la sociedad Planeamiento 2000 cuando era su gerente. El juicio quedó hoy visto para sentencia.
El fiscal y la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Marbella piden que los imputados, Roca como gerente y Julián Muñoz, Esteban Guzmán Lazat y Modesto Perodia como miembros del Consejo de Administración de Planeamiento 2000, devuelvan el importe de pagos irregulares o indebidamente justificados de servicios como viajes, comidas e informes que fueron advertidos por el Tribunal de Cuentas en la fiscalización correspondiente a los años 2000 y 2001.
El representante del Ministerio Fiscal pidió en primer lugar que se desestimen tanto la legitimación pasiva como la prescripción de los supuestos delitos, como pedía la parte demandada y, en lo que se refiere al fondo del asunto, considera "acreditado que los demandados incurrieron en delitos de responsabilidad contable por alcance ya que se trata de personas manejaban fondos públicos y que tenían la obligación de justificar la correcta aplicación de esos fondos, cosa que no han hecho "en ningún momento".
Según informó a Europa Press la abogada de Roca, en total, sumarían 1,75 millones de euros en comidas, estancias en hoteles de lujo, contratación de informes de asesoría y arquitectónicos, y otras actividades más cuyos gastos no han podido ser justificados.
No obstante partiendo de esa cifra, el fiscal de Cuentas pidió hoy que, por el momento, se excluya de la cuantía los informes relativos a la compra de unos terrenos para la construcción de una desaladora, cuyo coste asciende a 900.000 euros, ya que el representante del Ministerio Fiscal estima que no se puede incluir en la reclamación de esos gastos al no ser aún objeto de sentencia firme del procedimiento penal.
Según el fiscal y la acusación formarían parte de esos gastos estancias en hoteles de lujo, comidas en restaurantes "de caché" y, entre otros, un informe realizado para la desestimación de un recurso al denegar la Junta de Andalucía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella del que "no hay constancia que se hiciera".
La acusación y el fiscal rechazaron que el tribunal pueda admitir que la culpa de los delitos de malversación de fondos fuera del entonces alcalde de Marbella, el ya fallecido Jesús Gil, como aseguró Roca. Ese es un "recurso habitual y manido", aseguró el abogado de la acusación.
Mañana jueves el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí volverá a sentarse en el banquillo, en este caso en la Audiencia Nacional, para prestar declaración como imputado en el caso 'Saqueo I' o de las facturas falsas, que investiga el supuesto desvío de 36 millones de euros del consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995.