MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, recriminó hoy al Gobierno que la política lingüística que defiende esté limitando la movilidad laboral en España, a lo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, respondió acusándole de "negar la realidad".
Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno de la Cámara Baja, Corbacho aseguró que la libre movilidad laboral de los trabajadores en España está "garantizada" por la propia Constitución, que, según reseñó, proclama el principio de igualdad ante la Ley y de no discriminación por ninguna condición o circunstancia personal o social, así como el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
Frente a esta respuesta, la líder de UPyD afeó al ministro que no sea consciente de que la política lingüística del Ejecutivo "limita" la movilidad de "centenares de miles" de trabajadores rompiendo así su libre circulación y la unidad de mercado y estableciendo ciudadanos "de primera y de segunda".
NO RECIPROCIDAD
Díez criticó en concreto que los profesionales de comunidades autonómicas bilingües puedan acceder a un trabajo de cualquiera de las no bilingües y que "no haya reciprocidad"; que se imponga a las empresas costes adicionales por emitir publicidad en una lengua cooficial, como ocurrió con Air Berlin; o que los conocimientos de una lengua cooficial para acceder a un puesto público sean más valorado que los profesionales, poniendo como ejemplo a Osakidetza (Servicio Vasco de Salud).
En su opinión, ello trae consigo servicios públicos "menos eficaces, más caros y de menor nivel profesional" y hace que los ciudadanos "paguen más" por recibir un servicio de peor calidad. Por todo ello, la ex eurodiputada socialista echó en cara al Gobierno que haya "desandado" el camino emprendido por la UE para mejorar la libre circulación profesional al introducir "malas prácticas".
EL GOBIERNO LO NIEGA
Ante las críticas de Díez, el titular de Trabajo negó la mayor y aseguró que la política que lleva adelante su Ministerio no está significando "ninguna restricción" a la movilidad laboral de los españoles ni a la oportunidad de trabajar en el territorio nacional en función de las ofertas laborales, como, según dijo, así lo establece el Estatuto de los Trabajadores. "Cualquier obstáculo de acceso al empleo basado en el origen o residencia sería nulo por ser contrario a la Constitución", añadió.
El ministro recordó además que existen sentencias del Tribunal Constitucional que establecen la legalidad de convocar una plaza pública también en lenguas cooficiales para reprochar a la diputada de UPyD de negar la realidad lingüística de nuestro país. "Es usted quien niega la realidad de España, no nosotros", concluyó.
