VALENCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana reclama en su Informe de 2006 la extensión a todos los alumnos de la Educación Infantil para lo que propone la apertura de nuevos colegios o aulas que mantengan inalterada la correlación alumno-profesor. Asimismo, recuerda a la Administración que la escolarización en instalaciones provisionales "es una solución a la que se debe acudir sólo con carácter puntual, en todo caso residual", ya que estos modulos prefabricados pueden no cumplir "ni siquiera minimamente los requisitos exigidos por la legislación vigente".
En el apartado de Enseñanza del Informe de 2006, consultado por Europa Press, el organismo da cuenta de un total de 84 quejas, la mayoría de ellas --un total de 45-- en el área de Educación no universitaria. De éstas una veintena se referían a la admisión y matriculación de los estudiantes; 12 a sustituciones docentes; cuatro a Derechos y deberes; cinco a Educación Especial; tres a instalaciones escolares y una a enseñanza en valenciano.
La Síndica hace constar que, del estudio de los datos aportados, se desprenden "carencias de plazas sostenidas con fondos públicos en el nivel de Preescolar (de niños menores de 3 años), datos algo más positivos en el nivel de segundo ciclo de Infantil (niños menores de 6 años). En este sentido, recalca la importancia de que la extensión de la Educación Infantil "llegue a todos los alumnos, ya que es una de las formas más eficaces para lograr la conciliación de la vida laboral y familiar y por tanto la efectiva igualdad entre hombres y mujeres".
Para la Síndica, Emilia Caballero, "la solución debe venir dada por un correlativo aumento de al oferta educativa, esto es, por la apertura de nuevos colegios o aulas en un centro educativo ya existente, de modo que se mantenga inalterada, en cada clase, la óptima correlación 'alumno-profesor-aula'.
Asimismo, advierte de que "el recurso del aumento de esta ratio, desde este punto de vista, tan solo sería lícita en cuanto solución temporal mientras que se produce la puesta en práctica de la política que se considera, por tanto, más adecuada y respetuosa con el derecho a una educación de calidad".
Igualmente, considera que "las actuaciones de la Administración educativa deben ir dirigidas a posibilitar los servicios complementarios de comedor y transporte escolar, así como a facilitar las adaptaciones de jornadas en los centros".
Por otra parte, la institución asegura comprender que "aunque el recurso a la escolarización de los alumnos integrados total o parcialmente por módulos prefabricados, constituya una política legítima, debería ser una solución a la que la Administración debería acudir sólo con carácter puntual dada la manifiesta incapacidad de las estructuras prefabricadas para asegurar las condiciones básicas idóneas que promuevan la adecuada satisfacción de una educación de calidad".
En consecuencia, insta a la Administración educativa a adoptar "cuantas medidas sean necesarias, organizativas y presupuestarias para acelerar y concluir en los plazos proyectados la construcción de instalaciones docentes definitivas, minimizando el periodo de estancia del alumnado en aulas prefabricadas instaladas, ya que el Síndic entiende que si los plazos de construcción se prolongan en el tiempo se corre el riesgo de que los alumnos pasen el período de tiempo de enseñanza obligatoria en instalaciones provisionales que no reúnen, "ni siquiera minimamente los requisitos exigidos por la legislación vigente".
INTEGRACIÓN ALUMNOS DISCAPACIDAD
La Síndica se refiere también a la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales para los que pide que se adopten "todas las medidas necesarias, incluidas las presupuestarias, para la dotación de recursos personales y materiales en aras del adecuado disfrute de los alumnos con discapacidad del derecho que una educación de calidad".
Al respecto, agrega que "la satisfacción tardía en unos casos y parcial en otros es entendida como causa directa de perjuicios" por lo que recomienda que se "agilicen al máximo los trámites administrativos de creación y provisión de puestos de trabajo en ara de garantizar en plazo la escolarización" de estos estudiantes.
El Informe señala asimismo la actitud "hostil" de la Conselleria al no aceptar una sugerencia para que la Administración escolar adoptase las medidas precisas para regular la ratio de alumnos por curso en Educación Preescolar alegando que la tramitación de la LOE probablemente derogaría lo establecido sobre este punto en la LOCE. Aun así, la Síndica remarca que la Administración "reconocía y por lo tanto compartía la existencia de esa laguna normativa y la legislación vigente le atribuía la competencia irrenunciable para proceder a la regulación de dicho aspecto" por lo que considera "injustificado" su rechazo.
USO DEL VALENCIANO
En el capítulo destinado al Uso del Valenciano, el Informe registra un total de 104 quejas, 39 por la discriminación de la lengua autóctona en las web oficiales; 38 por la rotulación viaria de servicios públicos exclusivamente en castellano; 15 sobre el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua cooficial con la que desean comunicarse con la Administración; 8 por discriminación de valenciano hablantes y cuatro por otros temas.
Entre las recomendaciones de la entidad destaca la de "adoptar el punto justo de equilibrio entre la necesidad de fomentar y potenciar el uso del valenciano y los derechos lingüísticos reconocidos a todos los valencianos, punto de equilibrio que, generalmente, se encontrará en la remisión de documentos bilingües, incluso con preferencia (a través de su ubicación en primer lugar, letra más grande o negrilla) del valenciano con la finalidad de alcanzar los objetivos de normalización lingüística y superar la desigualdad del valenciano respecto al castellano".
