Los técnicos de Exteriores e Interior no ven posible implantar ya el voto en urna de los emigrantes como pide Galicia

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los expertos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior convocados hoy por la subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral no ven técnicamente posible implantar a corto plazo el voto en urna de los emigrantes en las condiciones propuestas por el Parlamento de Galicia. La subcomisión decidirá mañana si adelanta o no la modificación de la Ley Electoral en este aspecto pero, a la vista de los testimonios recabados, todo apunta a que no habrá acuerdo para ello.

A instancias del PP, el BNG y Coalición Canaria, que defienden adelantar la reforma de la Ley Electoral en lo referido al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para que los emigrantes puedan votar en urna en las próximas elecciones gallegas, la subcomisión citó hoy al secretario general de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores, Javier Elorza, y al director general de Política Interior del Ministerio del Interior, Adolfo Hernández.

Los dos altos funcionarios comparecieron sucesivamente ante la subcomisión en una sesión a puerta cerrada y ambos coincidieron en la enorme complejidad técnica que supondría llevar a cabo la propuesta del Parlamento gallego, cuyo desarrollo llevaría un tiempo que excede de lo que resta para las elecciones gallegas, previstas a más tardar para junio de 2009.

DINERO, MEDIOS Y UN CAMBIO DE ESTRUCTURA

El embajador Elorza comentó después a los periodistas que la iniciativa gallega no sólo implicaría un coste económico y más medios, sino todo un cambio de estructura, ya que en España la administración electoral está repartida entre el Ministerio del Interior y otras instituciones, algunas de ellas órganos independientes como las juntas electorales, cuya composición es cuasi judicial.

Conforme a la propuesta del Parlamento gallego, los consulados centralizarían todo el procedimiento electoral y, según el representante de Exteriores, son órganos dependientes del Gobierno que no pueden hacer el trabajo de los ayuntamientos, del Ministerio del Interior, de las notarías y de las juntas electorales.

Según explicó, hay diez países que permiten el voto en urna a sus residentes en el exterior, pero para elecciones presidenciales de una única circunscripción y donde sólo hay que instalar una urna. Sólo hay un país en el mundo, Argentina, que permite el voto en urna en elecciones legislativas y con circunscripciones múltiples, pero sólo tiene censados 44.000 electores en el exterior y 22 circunscripciones, mientras que en España hay 1,2 millones de españoles inscritos en el CERA para 111 circunscripciones (las 52 del Congreso más las del Senado).

"La complejidad es enorme, requiere cambiar leyes orgánicas, como la LOREG, pero también una serie de operaciones que no están diseñadas --resumió--. Es una operación muy complicada que requiere dinero, medios y toda una estructura que garantice la celebración de elecciones justas".

El responsable de Exteriores habló también a los diputados del censo de residentes en el exterior, habida cuenta de que la iniciativa gallega también reclamaba una mayor depuración de las listas. Elorza indicó que el CERA "está bastante ajustado a la realidad" pero "no es perfecto" porque no obliga a los electores a darse de baja del censo y ello tiene especial incidencia cuando el 15 por ciento de esos electores cambia de domicilio cada año. La única salida es la depuración constante del censo y este año cuentan con un presupuestos de 104.000 euros para que los consulados se pongan a ello.

CIENTOS DE URNAS

Por su parte, el director general de Política Interior incidió en la complejidad del sistema propuesto por Galicia recordando que la administración electoral está obligada a poner una urna por cada elección en cada mesa, que en unas generales puede suponer más de un centenar en cada consulado.

Indicó también que la iniciativa gallega supone duplicar la administración electoral, repetir en el exterior lo que se instala en territorio nacional, incluyendo el recuento, que actualmente se realiza en las juntas electorales españolas. Todo ello sería costoso para el Estado pero también para el propio elector, que estaría obligado a desplazarse miles de kilómetros para votar e incluso para ser miembro de una mesa electoral.

Según señaló, quizá sería más fácil preparar una circunscripción específica para los emigrantes en la que se eligieran uno o dos escaños ajenos a los de las circunscripciones del territorio español. Las propias comunidades tendrían competencia para habilitar esa nueva circunscripción, ya que el procedimiento se recoge en su Estatuto.