GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La primera vista del juicio del caso 'Potera' concluyó hoy con la conformidad de 17 de los 21 acusados, que reconocieron los hechos, aunque una de las imputadas aclaró que no había llegado a introducir droga en la cárcel de Villabona, pese a que en un principio la hubiera comprado para llevársela a su hijo. Ninguno de los otros cuatro procesados admitió dedicarse a la venta de cocaína y tan sólo uno de ellos dijo estar consumiéndola en el momento de la detención, en 2005. El juicio se retomará el próximo día 22, a las 10.30 horas.
Asimismo, el primero en rechazar los hechos, Carlos M.V., gijonés, aseguró que cuando se llevó a cabo la operación policial, entre finales de 2004 y 2005, él convivía con otra de las imputadas, Montserrat L.C.. Ambos, según él acusado, eran consumidores habituales de cocaína y él también de heroína.
En este sentido, admitió que compraba también heroína para revenderla y así costearse la cocaína, que a veces compartía con su pareja. Carlos M.V. fue condenado ya por sentencia firme, posterior a la operación 'Potera', por la venta de heroína. De hecho, hace más de medio año que salió de prisión a condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación. El acusado no confesó lo de la venta de heroína en el momento de su detención, ya que se dedicaba a ello en aquella época.
Por su parte, el fiscal especial Antidroga en Asturias, José Perals, le interrogó sobre el motivo de cambiar su declaración en la vista oral del juicio, ya que en su testimonio ante el juzgado de Instrucción había señalado que sólo consumía de medio a un gramo de cocaína diarios, mientras que hoy dijo que tomaba entre cinco o diez. El imputado no supo contestar.
En cuanto a otro de los acusados, José Manuel S.R., de Pola de Laviana, admitió, a preguntas del fiscal conocer "de vista" a otro de los imputados, Juan Ramón G.G., aunque negó haber hecho cualquier trato con él de ningún tipo, y menos de droga.
Sí reconoció por contra haber llevado para hacerle un favor a otro acusado, Marcelino G.F., a Oviedo porque quería comprar un coche, aunque dijo desconocer lo que habló con la persona que se reunió, el día 2 de febrero de 2005. El imputado indicó que a ambos les gustaba la música latina y que se intercambiaban CD's, pero rechazó que cuando hablaban por teléfono de este tema se refirieran en realidad a cantidades de droga.
Tampoco supo responder qué significaban las expresiones 'repartirse el negocio para los dos' o 'coche a medias', que el fiscal dijo estaba grabado en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía.
A preguntas de su abogado defensor, señaló que cuando fue detenido estaba trabajando como palista en una empresa, en la que continúa empleado desde que salió de la cárcel. También apuntó que permitió que la Policía registrada su vivienda y el coche, que era propiedad de su padre y tenía doce años de antigüedad. Sobre su relación con Marcelino G.F., reiteró que sólo intercambiaban música y de otro acusado, José Agustín G.F., aseguró que era la primera vez que lo veía. "Nunca tuve problemas con la Justicia" afirmó.
Asimismo, el tercero de los imputados que negó los hechos, Jairo Jesús G.E., de nacionalidad colombiana pero residente en España hace más de siete años, confirmó que conocía al acusado Manuel Avelino R.B., al que llamaban 'Paisa', de jugar al billar juntos e ir a discotecas y clubes, algunos en Ribadeo y la zona occidental de Asturias. Éste último le proporcionaba a veces 'chollos' en el sector de la Construcción y él le daba a cambio una parte de su sueldo como agradecimiento. También reconoció vender camisetas procedentes de Colombia y otros objetos, como pulseras. "Jamás he andado con drogas", dijo.
El imputado relató el momento de su detención en Riaño, cuando se disponía a ir a trabajar desde casa de su novia. Según él, la Policía rechazó registrar su domicilio en Oviedo y lo hizo en el de su novia, aunque no hallaron ni drogas ni objetos relacionados con su venta.
El último de los acusados en negar los hechos fue José Ramón L.I., natural de Orense, quien había sido condenado en 1999 a nueve años de prisión por tráfico de drogas, aunque en el momento de su detención se hallaba en libertad condicional trabajando en Madrid. El acusado justificó que cada 15 días viajara a Galicia porque debía ir a firmar al juzgado, además de aprovechar para ver a la familia.
Pese a que dijo conocer a mucha gente de Colombia, rechazó que conociera los acusados Manuel Avelino R.B. y Jairo Jesús G.E.. A éste último señaló que lo conoció durante su estancia en prisión con motivo de esta causa.
De hecho, relató que la Policía le pidió que fuera a Comisaría para declarar por otro motivo relacionado con su compañera, y que cuando llegó le dijeron que estaba detenido por venta de droga y retención ilegal, aunque éste último delito fue retirado posteriormente.
El acusado indicó que se fue a Madrid para dejar el mundo de la droga y que nada tenía que ver con este caso e indicó que le habían llegado a sacar de la causa y luego le volvieron a meter en ella. "Yo había abandonado todo ese mundo", añadió. También señaló que en la cárcel se reían de él de que estuviera allí por este asunto. Además, aclaró que el teléfono intervenido era el de la empresa y que lo utilizaban más personas.
Respecto a los otros imputados, la gran mayoría reconoció ser consumidor habitual de cocaína en el momento de los hechos y encontrarse en tratamiento de deshabituación, y uno de ellos indicó que padecía una enfermedad psiquiátrica, de la que se está tratando. También una de las acusadas, Florentina C.G.G., madre y suegra de dos imputados, señaló que lo hizo todo por su hijo pero que no fue capaz de llevar la droga a Villabona.
Además, el acusado Manuel Avelino R.B., pese a que reconocer los hechos, negó que le apodaran 'Santi el Colombiano' y que hubiera participado con otro de los imputados, Jairo Jesús G.E. en una actividad ilícita de droga. Tan sólo les unía la pasión por Colombia, donde vivió unos años y tiene una hija, y la música latina. Ambos vendían objetos de ese país en España.
En un principio el fiscal pedía 129 años de prisión para los acusados, aunque es posible que la petición se reduzca al llegar a acuerdos de conformidad con 17 imputados, con dos de ellos hoy mismo. Los procesados están acusados de traficar con droga principalmente en zonas de Gijón y de las cuencas mineras.