El Tribunal Constitucional tiene pendientes 8 recursos contra leyes catalanas y 14 de Cataluña contra el Estado

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolución ocho recursos presentados contra leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña, siete de ellos a instancias del Gobierno central entre 1999 y 2003, y uno del PP, en concreto contra la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña, interpuesto el pasado abril.

Por su parte, restan pendientes de resolución por parte del Constitucional 14 recursos interpuestos por el Parlamento catalán contra leyes del Estado, todos ellos contra leyes aprobadas por los gobiernos del PP.

Los recursos pendientes de resolución contra leyes del Parlament son, además del de la ley de Comunicación Audiovisual, el recurso contra la ley de apoyo a las selecciones catalanas de 1999, la de creación del colegio de Censores Jurados, la del Impuesto sobre grandes superficies comerciales de 2000, la ley de Archivos de 2002, la ley de protección contra la contaminación acústica, la ley de universidades de 2003 y la de mutuas del mismo año.

Por su parte, los recursos del Parlamento de Cataluña contra leyes y normativa del Estado hacen referencia al Real Decreto ley de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, las leyes de estabilidad presupuestaria de 2001, la ley de cualificaciones y de la formación profesional, la ley de la viña y el vino y la ley del ruido, ya en 2004.

También están pendientes los recursos contra la ley general de subvenciones, la ley del sector ferroviario, la ley de protección patrimonial de personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, la ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social y la de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

El resto de recursos son los interpuestos contra la ley de empleo, la de medidas de modernización del gobierno local, contra la modificación de la ley del Poder Judicial y la última modificación del Código Penal impulsada por el PP pocos meses antes de abandonar el Gobierno.