MÁLAGA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha acordado el embargo de parte de dos fincas pertenecientes al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ubicadas en concreto en El Arenal, dentro del procedimiento por presunto alcance contable que se sigue en dicho tribunal por importe inicial de 17,4 millones de euros.
Según una diligencias de notificación, el delegado instructor de las actuaciones previas emitió a finales de enero pasado un escrito en el que se acordaba dicho embargo, de acuerdo con la liquidación provisional realizada previamente y lo informado por el Registro de la Propiedad de Arenas de San Pedro (Ávila).
Estas actuaciones tienen su origen, según los documentos, a los que tuvo acceso Europa Press, en el informe de fiscalización del Ayuntamiento marbellí y de sus sociedades mercantiles participadas de los ejercicios 2000-2001, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en 2004.
Así, en el acta de liquidación se indica que dicho informe recoge las "irregularidades detectadas en la relación del Ayuntamiento de Marbella y la Sociedad Contratas 2000 con la Sociedad General de Galerías Comerciales (GGC)". El fiscal estima que las irregularidades pudieran tener responsabilidades contables, "no así el servicio jurídico del Estado".
Las relaciones con GGC proceden de los convenios suscritos en 1994 y 1995 por otra sociedad municipal, aunque luego en 1997 Contratas 2000 suscribió acuerdos con la misma empresa en los que se establecían nuevas condiciones sobre esos convenios firmados. Del examen de la documentación, se concluye que se produjo un presunto alcance de 15.733.756 euros, más los intereses.
En la fase de actuaciones previas, la presunta responsabilidad del alcance que llega a los 17.455.192 euros recae inicialmente en Muñoz, en otras dos personas, miembros del consejo de administración de Contratas 2000, y el ex edil Antonio Luque.
La liquidación se realizó en julio del pasado año "con carácter provisional" y, según el escrito, "a reserva de la decisión que se adopte en el proceso jurisdiccional contable, que, en su caso, se incoe", en el que las partes podrán presentar alegaciones y solicitar diligencias de pruebas.
