MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta Congreso Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó hoy encomendar a este órgano fiscalizador a que elabore una nueva fiscalización sobre la gestión que tuvo el consistorio marbellí desde abril de 2006 hasta mayo de 2007, cuando la gestora dio paso al Gobierno del PP elegido en las municipales.
Esta petición se produce después de que PSOE y Grupo Mixto pactasen una enmienda transaccional que modificaba la propuesta inicial socialista que pretendía que la investigación se extendiese hasta finales del presente año. Según explicó el diputado por Málaga Luis Tomás, el PSOE accedió a cambiar su propuesta para que la oposición no pudiera acusar a los socialistas de ir contra el gobierno municipal del PP.
"No hay intento de asfixiar ni de perseguir, sólo de contribuir a esclarecer la etapa negra de Marbella que no acabó con la era GIL sino que tiene sus prolongación en prácticas que todavía siguen instaladas en la vida municipal", mantuvo Tomás. Sin embargo, la diputada nacional del PP Celia Villalobos criticó durante su intervención el interés que, a su juicio, tiene el PSOE por "ahogar" a Marbella.
Los socialistas sacaron adelante todas las propuestas de resolución presentadas --con la salvedad del cambio de fecha citado-- ya que contaron con el apoyo de la Comisión para instar al Tribunal de Cuentas a comprobar si el Ayuntamiento cumple con la recomendación hecha en anteriores informes de fiscalización de elaborar un Plan de saneamiento para afrontar la deuda municipal.
Tomás explicó que es necesario que el organismo fiscalizador vigile si el Consistorio cumple con este asunto, que ya fue objeto de recomendaciones anteriores, ya que, a su juicio, lo único que ha hecho el ayuntamiento es una propuesta de deuda a la Seguridad Social de 270 millones de euros pero del resto hasta llegar a los 540 que acumula "no se ha hecho nada".
Sin embargo, durante su comparecencia, Villalobos lamentó que al Gobierno socialista "se le ha despertado la necesidad de presionar a la actual alcaldesa para que por narices tenga que plantear un plan de saneamiento" algo que, según sus datos, "no le ha pedido a ningún ayuntamiento".
En virtud de lo aprobado en la comisión de hoy, Cuentas también tendrá que comprobar si se cumplen otras de las recomendaciones que dio en su día tras anteriores informes de fiscalización. Así, deberá vigilar si el consistorio dirigido por Ángeles Muñoz elabora la Cuenta de Liquidación anual del Patrimonio Municipal del Suelo o si ha procedido a la revisión de los convenios urbanísticos, concesiones administrativas, licencias otorgadas y enajenaciones de bienes municipales.
Del mismo modo, la comisión dio el visto bueno a que se inste al Ayuntamiento a adoptar cuantas medidas sean necesarias para resarcir a la entidad de los perjuicios causados al patrimonio municipal . Asimismo, pidió al organismo fiscalizador que remita a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social el informe de fiscalización objeto de las propuestas, el correspondiente a la gestión de entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006, para que se puedan adoptar las medidas que considere en el ámbito de sus competencias.
Por su parte, el PP no pudo sacar adelante su propuesta para que la comisión instase al Gobierno central a que "una vez analizada la situación patrimonial y de expolio del Ayuntamiento, el Ministerio de Economía y Hacienda presente una partida presupuestaria de 600 millones de euros para "compensar la situación administrativa y patrimonial en la que se encuentra el Ayuntamiento", que había pedido Villalobos.
Los diputados y senadores también rechazaron hoy que el Tribunal de Cuentas pueda acceder a la documentación del ayuntamiento que está en los juzgados debido al proceso instructor del caso 'Malaya'. Según pudo saber Europa Press, el propio letrado de la comisión informó a los portavoces que esta petición incurre en errores jurídicos pues la custodia de dicha documentación es exclusiva del juez.
Villalobos pidió hoy que se inste a la Junta de Andalucía a "una colaboración más activa" con el Tribunal de Cuentas y a "cumplir las recomendaciones de los anteriores informes" y demandó que la Administración General del Estado que abra expedientes disciplinarios a aquellos de sus funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades. Sin embargo, estas propuestas tampoco tuvieron el respaldo de la comisión.