MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado mantener la suspensión cautelar de la retirada del estatus de asilo político del dirigente opositor ecuatoguineano Severo Moto, decretada por el Consejo de Ministros del pasado 10 de enero, al no encontrar "motivaciones de fondo que cuenten con intensidad y consistencia suficiente para hacer variar el criterio adoptado" el pasado 12 de julio.
En un auto, notificado ayer a las partes, el Supremo explica que debe mantenerse la medida cautelar para evitar que el recurso presentado contra la decisión del Consejo de Ministros de retirar la condición de asilado quede sin sentido. Además, explica que la revocación del estatuto personal de refugiado político llevaría a Moto "a una situación de inseguridad jurídica de configuración muy diferente a la que se desprende del conjunto de las garantías" establecidas en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951.
En cualquier caso, el Supremo explica que "la pérdida de la condición de refugiado no implica -implícita y automáticamente- la entrega del refugiado a su país de origen", aunque, como en el caso de Moto, haya solicitado su extradición.
En este sentido, explica que las normas correspondientes "contienen una serie de garantías intermedias que proyectan el estatuto personal del refugiado más allá del momento de su extinción o revocación; mas, no obstante ello, el principio de seguridad jurídica nos obliga a mantener de forma cautelar el estatuto del que el recurrente ha venido disfrutando en nuestro país, situación de la que es reflejo expresivo el ser portavoz de DNI español", explica el auto.
El letrado de Moto, Francisco Fernández Goberna, que se mostró muy satisfecho con la decisión del alto tribunal, se preguntó qué riesgo para España supone Severo Moto, después de que se haya decidido mantener la suspensión de la retirada de su condición de asilado político.
El pasado día 19 se celebró una vista en el Supremo en la que el abogado del Estado, en nombre del Gobierno, y la representación de la República de Guinea Ecuatorial coincidieron en pedir al tribunal que levantara la suspensión cautelar, mientras que la representación de Moto pidió que se mantuviera para evitar su expulsión a Guinea, lo que, en su opinión, suponía "su pena de muerte".
El Consejo de Ministros decidió el pasado 10 de enero revocar la concesión de asilo de la que Moto disfrutaba desde marzo de 1986, al entender que había incumplido las obligaciones que dicho estatus conlleva, por haber contribuido a la preparación de un golpe contra el régimen guineano, con lo que había puesto "en grave peligro los intereses generales de España", según informes de la Comisaría General de Información y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
