Requiere a los acusados que en diez días presten una fianza de 284.000 euros el juez y 236.000 Roca y Fabrice
GRANADA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la apertura de juicio oral contra el juez de Málaga suspendido provisionalmente, Francisco Javier de Urquía, el presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, Juan Antonio Roca, y otro imputado más y requiere que presten una fianza de 284.000 euros el juez y 236.000 Roca y Arnaud Fabrice Albouhair, tercer imputado.
Según el auto del TSJA, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el instructor pide a los acusados dicha cantidad para "hacer frente a las responsabilidades pecuniarias y costas a que en su día pudiera condenárseles", haciéndoles saber que podrán prestarla en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) y embargándosele "bienes suficientes" para cubrir esa cuantía en el caso de que no presten dicha fianza en el término de diez días.
Después de que el Ministerio Fiscal haya formulado su escrito de acusación --en el que solicita para los tres acusados tres años de cárcel e inhabilitación para el juez por 19 años y para los otros dos acusados por nueve, así como multas de 213.000 euros para De Urquía y 177.000 para Roca y Arnaud-- procede acordar la apertura de juicio oral contra estos.
Están acusados de los delitos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y cohecho, al que se añade el de prevaricación judicial en el caso del que fuera juez en Málaga De Urquía. Roca y Arnaud son "cooperadores necesarios", según el fiscal, de los delitos referidos.
Los hechos narrados en el escrito de acusación --en los que se detalla como el juez recibió dinero a cambio de la "ayuda prestada" en su actuación profesional a Roca-- se imputan a De Urquía en el ámbito de su cargo judicial, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, por lo que es la Sala de lo Civil y Penal del TSJA la que "goza de competencia para el conocimiento y fallo de la presente causa".
De conformidad con la LEC procede fijar, según el auto, a los imputados "fianza suficiente" para garantizar las responsabilidades pecuniarias, en concepto de multas y costas, a que hubiere lugar, formándose con testimonio de esta resolución la correspondiente pieza separada.
El instructor detalla que teniendo en cuenta las multas solicitadas por el Ministerio Público --213.000 euros y 177.000-- y lo dispuesto en la LEC procede fijar la cuantía de fianza de 284.000 euros para De Urquía y 236.000 para Roca y Fabrice, "dando opción a los acusados a que la presten en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 591 de la LEC".
Por lo que se refiere a la situación económica de los acusados, sobre la que se interesa por el Ministerio Fiscal ambas acusaciones se practiquen diligencias de averiguación, y por ser necesario a efectos de la eventual determinación, en su momento, del importe de cada día-multa, procede la práctica de dichas diligencias sin que las mismas puedan calificarse, según el auto, como "prueba anticipada", sobre la que sólo la Sala podría juzgar su pertinencia, sino como diligencia a practicar por este instructor en las piezas de responsabilidad civil.
Sobre la decisión personal de los acusados, consta en el auto, "no compete al instructor decisión alguna" por cuanto la medida cautelar de comparecencia 'apud acta' con periodicidad semanal ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal al Tribunal, a cuya disposición habrán de estar los acusados en las condiciones que a la Sala parezcan necesarias y proporcionadas.
En el plazo de diez días tendrán que presentar los acusados sus escritos de defensa. El instructor dispone por lo tanto que se formen las correspondientes piezas separadas de responsabilidad civil del acusado y que la secretaria recabe las informaciones sobre datos tributarios y registrales de los acusados solicitadas por el fiscal, que se unirán a las correspondientes piezas de responsabilidad civil, así como la hoja histórico penal de los mismos, para su aportación a estas actuaciones. La resolución se pone en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no es susceptible de recurso alguno.
La investigación se inició al remitir el que fuera instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, un informe policial y otro del fiscal en los que apuntaban posibles pagos de Roca a De Urquía supuestamente relacionados con la actuación profesional del juez y asesoramiento de éste para subsanar los defectos de una querella de Roca a través de un amigo de ambos, Arnaud Fabrice.
