Actualizado 08/02/2007 11:13 CET

TVCP denuncia que el Consistorio de Bilbao concedió 9 millones de subvenciones sin establecer condiciones para los fines

Adquirió 16 autobuses con la intermediación de la empresa que presta el servicio e incumplió "los principios de publicidad y concurrencia"

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) denunció hoy que el Ayuntamiento de Bilbao ha concedido subvenciones nominativas por valor de nueve millones de euros, "sin que se hayan establecido las condiciones necesarias para justificar los objetivos perseguidos", incumpliendo, de esta forma, la Ley General de Subvenciones.

El informe de fiscalización del Consistorio 2004 y sobre Convenios Urbanísticos 2000-2004 realizado por el TVCP destaca que éste adquirió 16 autobuses "con la intermediación de la empresa que presta el servicio de transporte urbano", sin seguir los procedimientos establecidos, "incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia".

El texto, que fue aprobado por unanimidad por los miembros del pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas comprende aspectos de legalidad en las áreas de presupuesto, ingresos, endeudamiento, personal, subvenciones y contratación administrativa, así como aspectos contables relacionados con la presentación de las cuentas. El trabajo del TVCP abarca al propio Ayuntamiento y a sus organismos autónomos y sociedades públicas.

En el apartado de legalidad, la opinión del tribunal "es positiva" en relación al cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad económico-financiera municipal. No obstante, menciona determinados "incumplimientos".

En este sentido, apunta que, en el ámbito presupuestario y presentación de cuentas, no se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de las sociedades públicas Mercabilbao S.A. y Viviendas Municipales Sociedad Comanditaria por Acciones, "incumpliéndose la Norma Foral Presupuestaria de Entidades Locales".

También subraya como incumplimiento de la normativa vigente "la falta de confección de un estado de créditos de compromiso que señale las obligaciones futuras adquiridas, el retraso, e incluso la ausencia en algunos casos, de la comunicación al Pleno municipal de las modificaciones de crédito aprobadas".

En relación al personal, indica que el Ayuntamiento no diferencia en la plantilla presupuestaria las dotaciones de crédito por colectivos (laborales y funcionarios), por lo que no cumple la Ley de Función Pública Vasca.

Sobre la contratación administrativa, se recogen incumplimientos de la legislación en lo que respecta a la adquisición de los 16 autobuses mencionados y, en cuanto al área de subvenciones, la concesión de nueve millones de euros en subvenciones nominativas sin especificar las condiciones necesarias para justificar los objetivos perseguidos.

En cuanto a la Cuenta General, el TVCP opina favorablemente en cuanto a sus presentación y contenido, realizando salvedades por la no realización del análisis de las desviaciones de financiación por gastos afectados, por no disponer de un inventario de bienes y derechos actualizado y por diversos ajustes a la contabilidad que reducen el remanente de tesorería de ocho millones de euros, quedando en 36 millones de euros.

ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES

Además, se refiere a los organismos autónomos municipales y señala que Lan Ekintza Bilbao, OAL, no cumple con la normativa relativa a gestión presupuestaria y contratación administrativa. Por otro lado, la opinión es positiva, aun cuando se incluyen algunas excepciones en los otros organismos: Bilbao Musika, Bilbao Kirolak y Viviendas Municipales de Bilbao.

El texto valora positivamente sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en las sociedades públicas municipales, con algunas excepciones.

El informe relativo a los convenios urbanísticos 2000-20004 se basa en el análisis de 14 de los 33 convenios tramitados en el periodo. El TVCP realiza una descripción de las principales conclusiones obtenidas de la revisión de la tramitación y ejecución de los mismos, entre las que puede destacarse la falta de información pública previa a su aprobación.

Si bien hasta 2006 no era un trámite obligatorio en la legislación urbanística vigente, el cumplimiento del principio de buena administración contenido en la legislación relativa a la contratación de las administraciones públicas obligaba a plantear algún procedimiento de publicación.