Afirma que se centrarán en "extender y ampliar derechos allí donde no habían llegado" y niega que se quiera "reescribir", sino "reparar"
MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó hoy que el Ejecutivo abordará en el Consejo de Ministros del próximo viernes las iniciativas relativas a la Memoria Histórica. La ministra de la Presidencia aseguró que darán cumplida "respuesta" a "tres mandatos parlamentarios": un informe sobre "situación de las víctimas", otro sobre "situación de los archivos y acceso a los mismos" y un "anteproyecto de Ley". "Esos son los términos", indicó.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno cumplirá su compromiso "en los términos que han sido planteados por el Parlamento".
En junio de 2004, el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley --con el respaldo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo-- que emplazaba al Gobierno, en primer lugar, a realizar un estudio general sobre los derechos reconocidos por la legislación estatal y autonómica a las víctimas de la guerra civil y a los represaliados. Ese análisis debía dar lugar a un informe --que tendría que haberse remitido al Congreso a finales de 2004-- sobre las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a este colectivo con la inclusión de propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para la mejora de la situación actual.
En el marco de ese informe, el Pleno reclamó al Gobierno la elaboración de un proyecto de Ley de Solidaridad con las Víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidas durante el franquismo. Según el texto aprobado hace dos años, ese proyecto de ley debe servir para rendir un "tributo de reconocimiento y justicia" a este colectivo e incluir ayudas económicas para compensar hechos causados entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, recogiendo sucesos ocurridos en la etapa preconstitucional de la Transición, como los acontecimientos de Vitoria.
La proposición no de ley también instaba al Gobierno a destinar medios humanos y materiales para facilitar el acceso a los archivos, tanto públicos como privados, y poder recabar los datos necesarios para la solicitud de esas ayudas, para recuperar "la verdad en los casos particulares", y para "rememorar y proyectar en la cultura social de nuestro país, lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura".
EXTENDER DERECHOS DONDE NO SE HAYA LLEGADO.
De la Vega subrayó que el Ejecutivo y la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas del franquismo y la contienda civil han abordado este asunto con "espíritu integrador y voluntad de concordia". "Me gustaría resaltar lo mucho que durante los últimos treinta años el conjunto de la sociedad española ha hecho por resarcir a todos los españoles que sufrieron, primero la crueldad de una guerra y segundo las consecuencias de un régimen autoritario", indicó.
"Todos los ciudadanos han contribuido sin distinción a ello y el Gobierno así lo reconoce y lo va a reconocer, porque los datos son muy explícitos", prometió la ministra de la Presidencia. La vicepresidenta explicó que el conjunto de iniciativas que serán aprobadas por el Consejo de Ministros la próxima semana responde "a la lógica de ese trabajo ya realizado". "Se centra en extender y ampliar derechos allí donde todavía, después de tantos años, o no habían llegado o no se habían reconocido", expuso.
Así, indicó que "en ningún caso" se tratará de "reescribir" sino "de reparar". "No se trata en ningún caso de excluir, sino más bien igualar --culminó--. Se trata de que la historia sea igual para todos".
La vicepresidenta reiteró que el Gobierno cumplirá su compromiso en los términos planteados por el Parlamento. Ahora bien, será con unos días de retraso, ya que hace un mes, el pasado 22 de junio, el Congreso aprobó una Proposición de Ley promovida por IU-ICV para declarar 2006 año de la Memoria Histórica en el que se instaba al Ejecutivo a enviar en un mes a la Cámara los informes de la Comisión Interministerial. Ese plazo acaba mañana.
