CAÑETE LA REAL (MALAGA), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, rechazó hoy que haya una paralización en la tramitación de proyectos urbanísticos debido a la situación generada por los partidos políticos a raíz de los problemas de urbanismo denunciados en España y de la operación 'Malaya' de Marbella (Málaga). De hecho, subrayó que lo que hace la Junta es "exigir el cumplimiento de la ley".
Zarrías, que respondía así al presidente de la Federación Española de Urbanizadores, Ricardo Arranz, que advirtió de "un parón" por las denuncias de corrupción, declaró que "los buenos urbanizadores de Andalucía no tienen por qué preocuparse porque a lo que va a limitarse la Junta en el marco de sus competencias es a exigir el cumplimiento de la ley y que todas las obras se hagan conforme a derecho".
El representante de la Junta se mostró inflexible en cuanto a la necesidad de mantener la legislación vigente. "Todo proyecto que se ajuste a la ley no tendrá ningún inconveniente porque no lo ha tenido nunca ni lo va a tener ahora, pero la ley está para cumplirla y no podemos permitir que alguien piense que todo el monte es orégano", manifestó.
"Los promotores saben que la colaboración con la Junta es total, pero no se va a permitir ninguna actuación que viole la legalidad vigente ni ningún comportamiento que se aleje lo más mínimo de lo que marca la ley", añadió.
LABOR DE LA JUNTA
El responsable autonómico, que presidió esta mañana el acto institucional del XI Día de la Comarca del Guadalteba en la localidad malagueña de Cañete la Real, recordó la labor que la Junta ha llevado a cabo contra la especulación y la ilegalidad desde el comienzo de "la era Gil" en Marbella.
"Desde el año 1991 hasta la actualidad venimos denunciando las irregularidades, licencias que no se ajustaban a planeamiento, pidiendo la paralización de obras que se construían en zonas verdes o equipamientos comunitarios", sostuvo Zarrías.
Asimismo, señaló que "la Junta desde el principio ha puesto en marcha todo el procedimiento administrativo y político para denunciar comportamientos como los que ha llevado a más de uno a la cárcel de Alhaurín de la Torre y llevarlos a los tribunales y, aunque han pasado muchos años por desgracia, la Justicia nos da la razón", sentenció.
