La Comisión de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política ha recibido 41 solicitudes

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política en Navarra, Martín Zabalza, ha afirmado que hasta el 31 de diciembre de 2023 se han recibido un total de 41 solicitudes.

Así lo ha manifestado este miércoles, en una comparecencia parlamentaria en la que ha presentado la primera memoria anual de la Comisión, constituida en 2022.

Durante su intervención, Zabalza ha señalado que todos los expedientes "siguen abiertos, por lo tanto en fase confidencial". De las 41 solicitudes, 10 corresponden a personas fallecidas cuyas familias solicitan el reconocimiento de víctimas. Trece de las solicitudes responden a personas que solicitan su reconocimiento de víctimas "por haber sufrido torturas o malos tratos" y 18 solicitudes "se refieren a solicitudes de reconocimiento de víctima por haber sufrido daños físicos y o psicológicos".

"Todos los expedientes que han tenido entrada en la comisión hasta la fecha se están tramitando, encontrándose en diferentes fases de procedimiento y dentro de plazo", ha manifestado, tras destacar que "estamos respetando, como no podía ser de otra manera, de forma radical, el mandato del alto tribunal". "Reconocemos víctimas, sí, no identificamos victimarios", ha dicho.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Según ha explicado Zabalza, las reuniones de la comisión han sido mensuales, salvando los periodos vacacionales. En cuanto a la metodología de trabajo, ha relatado que las solicitudes se registran en la Dirección General de Memoria y Convivencia, a través de la Oficina de Atención a Víctimas. Esta oficina da traslado de un expediente base formado por la solicitud y toda la documentación anexa a la misma a la Comisión de reconocimiento.

Recibida la solicitud, la comisión resuelve en el plazo de un mes sobre la admisión a trámite. En caso de ser positiva, la tramitación es notificada al solicitante. Una vez admitida a trámite, se realiza "como mínimo" una entrevista "a todos y cada uno de los solicitantes, entrevista que es grabada en vídeo con todas las protecciones legales".

Tras la entrevista, los forenses y la psicóloga elaboran un informe que envían al ponente responsable del expediente que, tras estudiarlo, las propone al Pleno de la Comisión para su estimación o denegación. Finalmente, el informe elaborado se traslada al Director General de Memoria y Convivencia, que tiene un tiempo de tres meses para resolver desestimando o reconociendo la solicitud y un mes para comunicar la resolución al solicitante.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, Iñaki Iriarte, en nombre de UPN, ha criticado que se deje "en manos de una comisión" el reconocimiento de víctimas "de unos delitos tan graves". Ha apostado el regionalista por "algún mecanismo que abra una vía para poder reconocer a todas las víctimas que haya, no solo las que residen en Navarra", que "también ofrezca suficientes garantías de veracidad, de transparencia y seguridad jurídica" y que "no sea objeto de polémicas partidistas". "En cualquier caso, pienso que los requisitos para ser considerado como víctima de este tipo de ataques de motivación política deberán ser los mismos que para ser considerado víctima del terrorismo", ha añadido.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha respondido a Iriarte que "en vez de equiparar por encima y de mejorar las condiciones de las víctimas del terrorismo de ETA, lo que está diciendo es que rebajemos los derechos que pueden tener para el reconocimiento víctimas de otras vulneraciones de derechos". "Eso implica un determinado sesgo político, que es el que viene demostrando la derecha para denostar leyes que lo único que implican es avanzar en democracia", ha dicho.

Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, ha valorado que "a pesar de los impedimentos de la derecha para evitar que esta comisión fuese una realidad, ocho años después podemos decir que la comisión está trabajando, que hemos evitado los recursos de inconstitucionalidad". Sin embargo, ha rechazado la "limitación impuesta por el Tribunal Constitucional": "La comisión reconoce víctimas pero no identifica victimarios y no puede establecer ningún tipo de responsabilidad penal", ha criticado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha apostado por organizar, al igual que se realiza en la Comunidad Autónoma Vasca, "algún acto público" anual "de reconocimiento a todas esas víctimas". "No voy a plantear cómo, ni dónde, ni cuándo, pero sí el que se haga. Ustedes decidirán todas esas cuestiones, pero que sea público y le dé la visibilidad social que realmente merece", ha reivindicado.

Javier García, portavoz del PPN, ha considerado que "el hecho de parcelar víctimas y crear diferentes comisiones en función del origen de la violencia que la motiva no es justo para el conjunto de las víctimas". "Queremos que se reconozca a todas las víctimas, no sólo las de una parte, y no que se recuerde a unas y a otras no, como se hace de manera continua en este Parlamento", ha dicho, tras añadir que "la memoria no puede ser política", sino que ha de ser "objetiva" y "recordar lo que pasó sin maquillajes, como tratan de poner algunos, y sin ocultar lo que no nos gusta, que es lo que vemos de manera continua en ciertos grupos".

En representación de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha manifestado que "esta comisión es necesaria para, en el ámbito competencial de nuestra comunidad, poder trabajar por esa verdad y por esa reparación de esas víctimas". "No nos cabe la menor duda de que son muchos y muchas más las personas que han sufrido esta vulneración de derechos humanos en nuestra comunidad", ha manifestado, tras realizar un llamamiento a "todas ellas" y "animar" a que "participen de estos necesarios procesos".