PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, sugirió hoy que se promueva una modificación de la actual Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de manera que se suprima el silencio administrativo positivo en la aprobación definitiva de Planes Generales Municipales, Planes Especiales Independientes o Planes de sectorización.
Enériz realizó ésta y otras consideraciones en la comisión de Régimen Foral del Parlamento, en la que compareció a petición propia para exponer el informe especial sobre 'El silencio administrativo en la actividad urbanística', y en particular sobre la aprobación por silencio del planeamiento.
En su intervención, el Defensor recordó que en el ordenamiento urbanístico, lo tradicional es que los principales planes y sus modificaciones se presenten por el municipio que ha otorgado su aprobación inicial y provisional a la Administración foral para su aprobación definitiva, y que si ésta no se produce en el plazo determinado por la ley, el plan se entienda aprobado por silencio administrativo.
De esta forma, añadió, cuando la aprobación es expresa, "la Administración es, al menos, consciente de lo que aprueba, pero cuando la aprobación se produce por silencio administrativo positivo, muchas veces por falta de tiempo o de medios más que por desidia, la Administración no ha supervisado el contenido, con el resultado de que la determinación que incorpora el plan puede ser ilegal o irracional".
A juicio del Defensor, el silencio administrativo "se opone al principio de seguridad jurídica, por cuanto no se conoce con exactitud si lo aprobado por la inactividad administrativa es legal o ilegal".
Además de proponer una modificación de la Ley Foral, Enériz recomendó que se estudien medidas legislativas o de otro orden "tendentes a evitar la inadecuada utilización de la institución del silencio administrativo". De esta forma, se propone que la concesión de licencias urbanísticas sea competencia sólo del Ayuntamiento y no del concejo en los casos de municipios compuestos, agilizándose así la gestión.
En tercer lugar, el Defensor propuso que se incorpore a la vigente Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo una cláusula de salvaguardia que contemple que en ningún caso a través de la inactividad administrativa se puedan adquirir potestades o facultades en contra de las leyes y del planeamiento urbanístico.
Por último, el Defensor también cree conveniente que se estudie un procedimiento ágil de revisión de oficio por parte de la Administración del planeamiento aprobado por silencio positivo y que se considere que vulnera el ordenamiento jurídico.
POSTURA DE VIVIENDA Y FNMC
Enériz explicó además que en la elaboración del informe se remitió un borrador del mismo al departamento de Vivienda y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, para que hicieran llegar sus sugerencias. Así, expuso que el departamento "prácticamente coincide" con la propuesta que formuló la institución de dirige Enériz.
En concreto, el departamento de Vivienda sostuvo que Navarra no estaría obligada a mantener el silencio administrativo positivo y que por lo tanto realizará consultas con los sectores afectados para modificar la Ley Foral de Ordenación del Territorio, pendiente de adaptación a la nueva ley del Suelo.
Por su parte la Federación no comparte, según Enériz, la posición del Defensor y se muestra contraria a modificar el régimen vigente "en cuanto a la aprobación definitiva del Plan General Municipal por silencio administrativo, fundamentalmente por razones de respeto a la autonomía municipal".
LOS GRUPOS
El parlamentario de UPN Javier Marcotegui calificó de "suficientes" las razones expuestas en el informe para proponer la eliminación del silencio positivo. Además, hizo hincapié en que las competencias municipales no se quiebran "porque, además, por encima están siempre los intereses generales".
Por parte de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta mostró su conformidad con que la regla general sea el silencio administrativo negativo y, el positivo sea una excepción. Sobre las revisiones, apuntó que sería necesario establecer un límite "sobre todo para evitar inseguridades jurídicas".
Desde el PSN, Amanda Acedo recordó que estas consideraciones "han sido planteadas en numerosas ocasiones por su grupo, por lo que este informe "viene a poner las cosas en su sitio". En cuanto a las revisiones, planteó que parece "lógico que sea la Administración quien pague sus propias culpas por no haber realizado su tarea".
Juan Cruz Alli, portavoz de CDN, expuso que una de las causas de este problema son "los diferentes niveles de competencia de las diversas instituciones involucradas y su capacidad de decisión".
Por último, por IUN, Ion Erro también se mostró a favor de regular y estructurar "mejor las competencias y relaciones entre la administración estatal, autonómica y municipal".
