Crónica ANV.- La Abogacía del Estado presenta ante el Supremo las demandas de ilegalización contra ANV y el PCTV

- Pide medidas cautelares para evitar que se presenten al 9-M y para embargar sus cuentas y bloquear la financiación pública

- La Policía sabía desde 2005 que Petrikorena ejercía como "dirigente máximo" del PCTV

MADRID, 30 Ene. (OTR/PRESS) -

Después de que ayer la Fiscalía presentara la demanda de ilegalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), hoy los Servicios Jurídicos del Estado hicieron lo propio contra esta formación y también contra Acción Nacionalista Vasca (ANV). El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, solicitó ante el Tribunal Supremo la ilegalización y posterior disolución de ANV y del PCTV al considerarlas "sucesoras políticas" de la ilegal Batasuna. La iniciativa del Gobierno incluye la petición de medidas cautelares para evitar que ambas formaciones puedan concurrir a los comicios del 9-M y, según anunció el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para embargar las cuentas y bloquear la financiación pública de ambas formaciones. La demanda también constata algunos hechos realmente llamativos como que la Policía sabía desde 2005 que el histórico dirigente de Batasuna Juan José Petrikorena ejercía como "dirigente máximo" del PCTV.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó a los servicios jurídicos del Estado iniciar los trámites para la ilegalización de ambas formaciones según el mecanismo previsto en la Ley de Partidos Políticos. Hoy, a primera hora de la tarde, el abogado general del Estado se presentó en la sede del Tribunal Supremo con cuatro cajas de folios para dar cumplimento a esta disposición e interpuso sendas demandas de ilegalización contra el PCTV y ANV a las que considera "sucesores políticos" de la ilegalizada Batasuna.

A las puertas del Supremo, De Fuentes Bardají señaló que las demandas se fundan en "la existencia de dependencias funcionales y orgánicas con la ilegalizada Batasuna, basadas en los documentos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por otros documentos remitidos por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional", en referencia a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre ambas formaciones.

La demanda señala que los informes policiales permiten concluir que los fondos de que dispone actualmente ANV (que cuenta con 437 concejales en ayuntamientos vascos y navarros) "se destinan a la financiación de Batasuna y ETA". Así, hay pruebas de envíos de dinero desde las cuentas de La Caixa y Caja Laboral Popular cuya titularidad es de ANV hacia miembros de Batasuna e incluso en favor de alguna persona con antecedentes por integración en ETA.

También se mencionan las huchas que existen en sedes de ANV para recaudar fondos para los presos de ETA y sus familiares y otros casos "particularmente significativos" como una factura con cargo a ANV del alquiler de un salón en el Hotel Hesperia de Donosti en de junio de 2007. Un salón en el que dieron una rueda de prensa los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

VACIAR LAS CUENTAS ANTES DE LA ILEGALIZACIÓN

En cuanto al PCTV, entre otras conexiones económicas, la demanda también señala que el envío masivo de dinero desde cuentas del PCTV a miembros de Batasuna responde al temor de una posible suspensión de actividades o ilegalización. La idea era dejar limpias las cuentas del PCTV antes de que fueran intervenidas por la acción de la justicia para que el entramado de Batasuna pudiera seguir disfrutado de esos fondos.

Según los datos de la Abogacía del Estado el PCTV habría sacado de sus cuentas un total de 432.000 euros en transferencias idénticas de 27.000 euros. Pero la financiación entre ambas formaciones era recíproca ya que las donaciones procedentes de personas vinculadas al entorno de Batasuna y dirigidas al PCTV alcanzan un total de 1.727.797,91 euros. Además, al margen de los ya consabidos contratos de trabajo, también se realizan transferencias "sin ningún disimulo" y sin justificar. Entre los beneficiarios de estas otras transferencia se encuentran Pernando Barrena, Joseba Álvarez o Joseba Permach.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Pero además de las consabidas, y fundamentales, conexiones económicas, también había conexiones en el apartado político o estratégico. Así del contenido del escrito de la Abogacía del Estado se desprende que las Fuerzas de Seguridad del Estado tenían constancia desde antes del mes de mayo de 2005 de que dirigentes de Batasuna se ocupaban de dirigir los movimientos y acciones del PCTV. Concretamente era el histórico dirigente de Batasuna Juan José Petrikorena el que desde esa fecha actuaba como "dirigente máximo del PCTV".

Los informes policiales señalan que Petrikorena se ocupaba de gestionar la comunicación y organización de actos del partido y de decidir sobre los mensajes que era necesario transmitir en la acción política de la formación dentro del Parlamento vasco. Un extremo que se pudo comprobar mediante las escuchas telefónicas al propio Petrikorena y al responsable de comunicación del PCTV, Peio Xabier Gálvez. Escuchas que fueron autorizadas judicialmente en el marco de la investigación que Garzón lleva a cabo sobre el PCTV y cuyo secreto de sumario levantó la semana pasada y que resultan muy reveladoras ya que en ellas el dirigente de Batasuna le dice a Gálvez lo que tiene que hacer e incluso le reprende por tomar decisiones sin consultarle.

En cuanto a las medidas cautelares que se han solicitado, el abogado del Estado señaló que van encaminadas a que "se paralice la entrega de cualquier caudal público, ya sea estatal, autonómico o municipal; que se traben las cuentas de ambas formaciones y que se les suspenda en la vertiente de suspensión de listas". Ya por la mañana el propio ministro de Justicia anunció que la demanda incluye la petición de adoptar medidas cautelares para embargar y bloquear la financiación pública de ambos partidos. Según Bermejo, esto es posible gracias a la nueva ley de financiación de los partidos políticos, aprobada en julio. La decisión la podría tomar el TS antes de finalizar esta semana.

A FINALES DE SEMANA

La Sala del 61 del Supremo podría reunirse a finales de esta semana para deliberar sobre la petición de suspensión cautelar de las actividades del PCTV, que ha pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y de ANV, que ha pedido solo la Abogacía a la espera de que mañana la Fiscalía presente mañana la demanda contra ANV.

En caso de fallar las peticiones de suspensión ante Garzón y ante la Sala del 61 la Fiscalía y la Abogacía del Estado tratarán de evitar que ambos partidos concurran a las elecciones mediante la presentación de contenciosos electorales, tal y como anunciaron en su día el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Lo previsible es que el Supremo se pronuncie sobre estas medidas cautelares antes del 11 de febrero, día en el que la Junta Electoral Central proclamará las candidaturas que concurrirán a los comicios del 9-M.