Crónica Dependencia.-Los dependientes con renta superior a los 6.202 euros copagarán los servicios de Dependencia

- La vivienda sólo computará en el caso de que viva solo y necesite una plaza en una residencia

MADRID, 27 Nov. (OTR/PRESS) -

Las personas dependientes con una capacidad económica superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 6.202,80 euros al año par el presente año 2008, deberán pagar, en parte y de forma progresiva según aumenten sus ingresos, las prestaciones y servicios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según acordaron hoy el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia. Así, cuando los beneficiarios ingresen por encima del IPREM entrarán en consideración distintos criterios. Por ejemplo, en este encuentro ambas partes fijaron que la vivienda sólo computará para calcular la capacidad económica del usuario en caso de que éste viva solo y solicite una plaza en una residencia.

"Estos acuerdos garantizan las prestaciones y servicios de calidad de acuerdo con la capacidad económica de las personas dependientes y, por tanto, nadie se quedará fuera", aseveró la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, al término del Consejo Territorial, para añadir que con estos dos pactos "culmina el desarrollo normativo de la ley de Dependencia", que se aprobó hace casi dos años y que no había logrado el consenso en estos dos temas.

En virtud de los textos firmados hoy, y referidos a la coparticipación de los beneficiarios de la ley, destaca la atención a su capacidad económica de los usuarios, relativa a la renta y el patrimonio. Así, acordaron para los casos en los que la capacidad económica es superior al IPREM (6.202,80 euros al año o 516,90 al mes) que cada comunidad fije los índices de reducción, teniendo en cuanta que la prestación que reciba el beneficiario nunca podrá ser inferior al 40 por ciento de la cuantía establecida anualmente para la prestación económica vinculada al servicio y del 75 por ciento para la de cuidados en el entorno familiar. "Así hemos establecido una reglas del juego comunes que hay que cumplir", subrayó Cabrera. Por tanto, cumpliendo con los requisitos y umbrales mínimos y máximos, las comunidades determinarán la participación concreta de los beneficiarios en la cofinanciación de los servicios y prestaciones que reconozcan a los beneficiarios de la ley.

Además, comunidades y Gobierno han fijado que la vivienda sólo computará para determinar el nivel de 'copago', en el caso de que el servicio que reciba el dependiente sea de atención residencial --o la prestación económica vinculada a este servicio-- y no tenga personas a su cargo que continúen viviendo en su casa. El encuentro ha concluido asimismo con un acuerdo sobre los requisitos de calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia, referidos no sólo a las instalaciones y equipamientos, sino también al personal. Sobre esto último, Gobierno y comunidades han acordado que en 2015 el cien por cien del personal tenga un título o cualificación profesional, ya que actualmente sólo lo poseen un 30 por ciento.

En cuanto a las votaciones, el acuerdo sobre el 'copago' se resolvió con 10 votos a favor (la comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y Navarra) y seis abstenciones (las autonomías del PP y Canarias). En esta votación no participó el País Vasco al no estar presente. Por su parte, los decretos que fijarán los criterios de calidad de los centros fueron acordados con 10 votos a favor (comunidades del PSOE y Navarra) y siete abstenciones (autonomías del PP, Canarias y País Vasco).

MADRID EXIGE UNA MAYOR FINANCIACIÓN

Así, la Comunidad de Madrid fue una de las autonomías que se abstuvo de esta votación, debido, según la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, a que exigen al Estado una mayor financiación para aplicar la Ley de Dependencia en las regiones ya que, hasta ahora, "sólo cubren hasta el 20 por ciento de los costes de dependencia", y pidió "unos mínimos iguales para todas las autonomías", de modo que todas inviertan la misma proporción.

La consejera aseguró que la regulación de la participación de los usuarios en el coste de los servicios y de los criterios comunes de acreditación de los centros del SAAD a través de un acuerdo llevará consigo "la creación de 17 modelos diferentes y, por tanto, de 17 copagos diferentes y 17 modelos de acreditación de centros". "Al articular la determinación de la capacidad económica como un acuerdo de mínimos y no como un Real Decreto, estamos dejando la puerta abierta a que los usuarios copaguen de forma diferente por el mismo servicio y, por tanto, que no se cumpla con lo que nos obliga la Ley", aseguró Hidalgo.

La consejera aseguró que la Ley de Dependencia se aplica en Madrid con mucho trabajo y esfuerzo, "pero se necesita la financiación del Estado". Además señaló que algunos servicios que ofrece la Comunidad, como la atención temprana, aún no están en el catálogo de servicios del Gobierno central. Por ello, Hidalgo solicitó a la Administración General del Estado que se "implique" en la gestión de la dependencia y que colabore "de forma leal" con las comunidades autónomas para lograr una gestión "más eficiente y eficaz".