Crónica Huelga.- Bermejo culpa a los sindicatos de torpedear el acuerdo para poner fin a la huelga en la Justicia

- UGT rompela unidad sindical y plantea desconvocar los paros a cambio de una nueva mesa de negociación del Ministerio

MADRID, 3 Abr. (OTR/PRESS) -

A pesar de que el fin de la huelga de los funcionarios de Justicia parecía próximo hace sólo dos días, una amplia mayoría de trabajadores votó en contra del principio de acuerdo. Pero este proceso ha recibido fuertes críticas. El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández bermejo, calificó de "fraude no digno de un sistema democrático" el referéndum celebrado entre los funcionarios puesto que "sólo pudieron votar los huelguistas". Además, Bermejo acusó a los sindicatos de ser los que torpedearon el acuerdo, mientras que UGT se mostró dispuesto hoy a desconvocar la huelga si el Ministerio plantea otra mesa de negociación.

Tras dos meses en huelga, el único acuerdo que parecía vislumbrarse en medio del conflicto entre los funcionarios de Justicia y el Ministerio se hizo añicos después de que en una votación de los funcionarios un 88% se negara en rotundo a aceptar la oferta lanzada desde el Ministerio. Por ello, Bermejo expresó hoy su malestar al respecto, no sólo por el hecho de que la huelga siga en pie, sino por una votación que tachó de fraudulenta.

Durante una rueda de prensa en su departamento, afirmó que dicho "simulacro de referéndum" se realizó en "la opacidad más absoluta", y "sólo se permitió votar a los huelguistas". Por ello, apuntó que se produjeron una serie de irregularidades sobre la votación, pasando porque se llegaron a contabilizar "votos por fax", o el caso de Baleares, donde la votación fue anulada porque, según el ministro, "votaban funcionarios que no eran huelguistas".

Por todo ello, calificó lo sucedido de "fraude no digno de un sistema democrático", aunque se mostró esperanzado en poder poner un punto y final a los conflictos en breve. Para ello, prometió ser "comprensivo" con los huelguistas e iniciar las reuniones de la mesa de negociación mañana viernes, al tiempo que se reforzarán los servicios mínimos, mientras los funcionarios continúen reivindicando la homologación de sus sueldos con los de sus compañeros de las comunidades en las que las competencias sí están transferidas.

Por otra parte, Bermejo acusó a los sindicatos de "torpedear" el principio de acuerdo y por tanto de "incumplir" los compromisos adquiridos cuando firmaron el preacuerdo consistente en el aumento de 140 euros mensuales y 40 euros más a partir de 2009. A su juicio, los sindicatos convocantes (CC.OO, UGT, CSI-CSIF y STAJ) han levantado un "muro de intransigencia" hacia el Ministerio, puesto que no ofrecen contrapartidas pero continúan con las protestas "inviables, no decentes y fuera de todo sentido".

Mientras tanto, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su voluntad de que finalmente el conflicto se resuelva "por la vía del diálogo", durante una rueda de prensa en Bucarest, donde se encuentra con motivo de la cumbre de la OTAN.

DESCONVOCAR LA HUELGA

Por su parte, el sindicato UGT se mostró dispuesto a desconvocar la huelga si el Ministerio establece una nueva mesa de negociación inmediata. "Este sindicato ha decidido proceder a la desconvocatoria de la huelga si en el plazo de 48 horas el Gobierno se compromete a abrir una negociación seria y rigurosa que posibilite la solución", explico en rueda de prensa Julio Lacuerda, representante de la federación de Servicios Públicos de UGT.

Por otra parte, desde CC.OO, su representante, Javier Hernández, exigió que el propio Ministro esté presente en la mesa de negociación y que cambie su actitud ante los huelguistas.

De esta forma, los dos meses de huelga y las 12 mesas de negociación realizadas no han sido suficientes para poner fin a una huelga que han secundado 9.500 trabajadores de Justicia de siete comunidades (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre los que se encuentran la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Así, han sido numerosos los procesos paralizados, entre los que se encuentran registros de nacimiento, defunción, bodas y numerosos procedimientos como la tramitación de ayudas a la maternidad o paternidad.