Crónica Justicia.- El TS podría trabajar en agosto para culminar el proceso de ilegalización de ANV y el PCTV

- Cerrando el sumario el Alto Tribunal eliminaría las trabas para la renovación del CGPJ

MADRID, 8 Jul. (OTR/PRESS) -

A trabajar en agosto. La Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo ve como se le acumula el trabajo y, por ello, podría habilitar el mes de agosto para tratar de concluir el proceso de ilegalización contra PCTV y ANV antes de septiembre. De esta forma, el Alto Tribunal eliminaría las posibles trabas que la resolución de este espinoso asunto podría causar de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente, Francisco Hernando, encabeza también el organismo y la citada Sala especial.

Durante una rueda de prensa convocada para presentar la memoria del Tribunal correspondiente a 2007, el propio Hernando anticipó el posible trabajo de la Sala del artículo 61 durante el habitualmente inactivo mes de agosto. El motivo no es otro que determinar la ilegalización o no de PCTV y ANV, ya que su retraso podría aplazar también la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en situación de interinidad desde noviembre de 2006.

En caso de que Hernando, presidente del CGPJ, del Supremo y de la sala concreta, no firmase el fallo, las formaciones podrían solicitar la nulidad del proceso frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que el nuevo presidente del organismo no estuvo presente durante la realización de las pruebas relativas.

"Tenemos deseos de terminar cuanto antes y que no haya trabas para la renovación", explicó Hernando. Actualmente, el proceso de ilegalización se encuentra en plazo de celebración de prueba, que concluye oficialmente el próximo día 17. Seguidamente, se dará un plazo de 20 días a las partes para presentar sus alegaciones y, por último, la Sala deliberará y emitirá su fallo.

PONERSE AL DÍA ANTES DE 2012

Hernando también resumió durante su comparecencia la memoria del Supremo, cuya puesta al día podrá alcanzarse antes de 2012, de manera que todos los recursos interpuestos obtengan respuesta definitiva en el plazo de un año. El informe refleja la eliminación de un 20% del número de asuntos pendientes respecto a años anteriores, una reducción que, a juicio del presidente del organismo, reside en el aumento en 2005 del gabinete técnico del Tribunal.

No obstante, Hernando reconoció que la huelga de funcionarios desarrollada entre febrero y marzo "ha incidido negativamente en la pendencia de los asuntos". Por salas, las de lo Penal, Social y de lo Militar "han nivelado el ritmo de entrada y salida de asuntos", según el presidente de la Sección Quinta, Ángel Calderón, mientras que las más saturadas, la de lo Contencioso y de lo Civil, han disminuido su pendencia en un 14,16% y en un 33%, respectivamente.

Por otra parte, el Supremo tacha en el documento de "difíciles" sus relaciones con el Tribunal Constitucional. Reclama una "clarificación normativa de los límites de actuación" de este último organismo. El origen de la disputa se encuentra en la sentencia relativa a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer que obligó al Supremo, en contra de su criterio, a absolverles. El Alto Tribunal califica de "errática" esta resolución, que otorgó el amparo al considerar prescrita su conducta en el 'caso Urbanor'.