Crónica Turquía.- El Constitucional turco estudiará ilegalizar el partido en el poder por socavar el laicismo

- La demanda pide también la inhabilitación por cinco años del primer ministro y el presidente

ANKARA, 31 Mar. (OTR/PRESS) -

El Tribunal Constitucional turco ha admitido a trámite la demanda presentada por el fiscal jefe del Tribunal de Apelaciones que pide la ilegalización del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y la inhabilitación de sus principales dirigentes. De esta forma, el tribunal estudiará si el partido gobernante supone una amenaza para el laicismo del Estado y si cabe la retirada por cinco años de cualquier cargo público de personalidades como el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente, Abdulah Gul.

El fiscal jefe del Tribunal de Apelaciones presentó el 14 de marzo su demanda ante la justicia basándose en las "actividades anti seculares" del AKP, que ahora tiene un mes para preparar su defensa, aunque este plazo podría ampliarse. El vicepresidente del Constitucional, Osman Paksut, explicó que la decisión de admitir a trámite la petición fue discutida, pero adoptada por unanimidad por los once miembros, según informaciones de la cadena 'Al Jazeera' recogidas por otr/press.

De llevarse a cabo la ilegalización del partido, supondría el tercera agrupación en sufrir esta decisión por sus actividades supuestamente en contra del laicismo, puesto que esta iniciativa ya se adoptó en 1998 y 2001. De hecho, el AKP surgió como superviviente de la última prohibición, y ahora podría correr la misma suerte tras sus polémicas decisiones como permitir el velo islámico en las universidades y el alcohol en los restaurantes de aquellos municipios gobernados por esta formación. Los críticos de estas medidas argumentan que van encaminadas a una progresiva introducción de la 'Sharia' o ley islámica, en un período en el que Turquía mira a Bruselas con aspiraciones.

INHABILITACIONES

La demanda del fiscal pide también la inhabilitación por un periodo de cinco años de 71 responsables del AKP, incluidos el presidente Gul y el primer ministro Erdogan. De llevarse a cabo la prohibición requerida, se crearía un vacío de poder que daría al traste con un partido elegido en las elecciones del año pasado con el 47% del respaldo y que cuenta con 330 de los 550 escaños parlamentarios.

El partido cuestionado rechazó desde un primer momento los cargos presentados y se defiende explicando que no tiene la mínima intención de islamizar el país. Además, descalificaron la acción de la Fiscalía por ver motivos políticos detrás, mientras la decisión se ha dejado sentir en los mercados financieros y se ha escuchado incluso en Bruselas. Y es que la UE, a la que Ankara desea adherirse, considera que en el marco de la normalidad democrática europea las discrepancias deberían debatirse en el Parlamento y no en los tribunales, como explicó el comisario de Ampliación, Olli Rehn.