Isaías Lafuente.- El acuerdo.

MADRID, 28 Ene. (OTR/PRESS) -

Como ya no recordábamos el último gran acuerdo social, la noticia de que el gobierno y los sindicatos han alcanzado uno para la reforma de las pensiones futuras debe ser considerado una buena noticia. Ninguno de los dos actores podía permitirse no intentarlo. El gobierno se había comprometido a la reforma con o sin acuerdo, sabiendo que la vía taxativa podría alejarle aún más de su potencial electorado, y los sindicatos temían enfrentarse a su propia amenaza de promover una nueva huelga general, teniendo en cuenta que la anterior no fue precisamente un éxito.

La reforma periódica del sistema de pensiones es una exigencia que marca la demografía, la esperanza de vida y la aritmética. Y convendría recordar que el endurecimiento de las condiciones para acceder a una pensión no forma parte de una intención sádica de un gobierno dispuesto a fastidiar al contribuyente sino todo lo contrario: constituye el compromiso de un Estado que apuesta por el mantenimiento de un sistema público de pensiones que, para subsistir en las próximas décadas, debe ser corregido.

Dicho esto, tengo la sensación de que el acuerdo calmará más a los mercados que a los futuros pensionistas. Para un joven español la preocupación vital no se sitúa en si dentro de cuarenta y tantos años cobrará una pensión sino en resolver la angustia que le impide conseguir un puesto de trabajo hoy, acorde con su preparación, que le permita vivir con dignidad. Y para quienes tienen mediada ya su carrera laboral el verdadero dolor de cabeza no está en tener que retrasar un par de años la edad de jubilación, sino en llegar a esos años ocupando un puesto de trabajo.

Y aquí radica la paradoja esencial: el mismo mercado que nos exige las reformas es el que después nos castiga si nos endeudamos para afrontarlas. Y el mismo mercado que nos exige retrasar la edad de jubilación y ampliar los periodos de cómputo para el cálculo de las pensiones futuras es el mismo que promueve modelos económicos y empresariales que estrangulan la entrada al mercado laboral de los más jóvenes, precariza sus salarios y los expulsa del mismo cuando apenas han alcanzado su madurez profesional. Por eso, siendo necesario el acuerdo la pregunta crucial es si será suficiente.