- Más de un centenar de familias crean una asociación para averiguar "cómo y por qué" ocurrió el accidente
MADRID/LAS PALMAS, 31 Oct. (OTR/PRESS) -
El técnico de repostaje que suministró combustible al avión de Spanair accidentado tras regresar al hangar por una avería, admitió hoy al juez instructor Javier Pérez que no informó al copiloto Francisco Javier Mulet, de que las luces anticolisión estaban encendidas en el momento en el que se disponía a cargar la aeronave en el aparcamiento, pese a conocer que estas luces tenían que estar apagadas. Y mientras termina la ronda de declaraciones anteriores al inicio del proceso, más de un centenar de familias han creado una asociación para averiguar el "cómo y por qué" ocurrió el accidente.
"Yo no soy quién para comunicar a los pilotos que las luces estaban conectadas", apostilló Guillermo A.C. en los pasillos de los juzgados al término de su declaración. A preguntas de los periodistas, aclaró que estos luminosos de color rojo, que vio en el morro del aparato, no pudieron influir en la configuración del modo vuelo-tierra, puesto que se activan en el arranque de motores. No obstante, esta omisión podría costarle una imputación, según algunos letrados. Además, al margen de las polémicas luces, contó que el copiloto bajó de la cabina para selectar el combustible que debía de cargar al avión y aseguró que entonces no percibió "nada anormal" que le hiciera presagiar algún problema en el aparato.
La declaración del encargado de repostaje no despejó las dudas que sobrevuelan sobre los abogados acerca de por qué el sensor del modo vuelo estaba conectado y no el de tierra. De este sensor depende la sonda de temperatura, conocida como RAT, y el sistema sonoros de avisos, llamado 'Tows'. Las conjeturas de algunos letrados se centran en que la decisión de los técnicos imputados de desactivar el piloto del 'Rat' pudo haber desconfigurado el modo vuelo-tierra. Esta cuestión será aclarada el próximo 12 de noviembre con la declaración de los técnicos que revisaron el MD-82 tras la avería y el jefe de mantenimiento de Spanair.
Lo que el juez tiene claro es que tras desconectar el 'Rat' por la avería, el 'Tows' falló y no avisó al comandante de que los alerones anteriores y posteriores no estaban desplegados, lo que provocó que se estrellase. Según el juez, "cabe la posibilidad de que la avería en el RAT del 20 de agosto fuera una consecuencia o manifestación de un fallo multifuncional que afectara también al Tows' (la alarma de configuración inadecuada para el despegue), alimentado por el mismo relé".
NUEVA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
Y mientras esperan la llegada del proceso judicial por este caso, más de un centenar de familiares de víctimas del accidente han constituido la 'Asociación de Afectados del vuelo JK5022', con el fin de averiguar "cómo y por qué" ocurrió el siniestro, al tiempo que inciden en que el importe de las posibles indemnizaciones les interesa "muchísimo menos". En rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente provisional de esta organización sin ánimo de lucro, Federico Sosa, informó de que los objetivos planteados en los estatutos de la asociación son conocer la verdad y esclarecimiento de las causas del accidente, exigir las responsabilidades que judicialmente se establezcan y la depuración de las mismas, así como de "las posibles negligencias para evitar que se reproduzcan".
Además, buscarán "la defensa de cuantos derechos correspondan a las víctimas del accidente y de sus familiares y la búsqueda de cuantas ayudas y fondos sean necesarios para la mejor consecución de estos fines", indicó en la primera comparecencia pública para presentar la asociación.
Cuestionado acerca del interés entre los despachos de abogados estadounidenses en representar a familiares, Sosa recomendó "prudencia" a las familias y dijo que "por sus hechos los conocerán". Igualmente, criticó que estos bufetes "han ejercido una presión en las familias en momentos en que la capacidad de decisión no era la más adecuada". Del mismo modo, indicó que los asesores legales de la asociación están estudiando "todas las posibilidades, incluida la de personarse en Estados Unidos" contra la compañía, aunque reiteró que "el proceso penal se está sustanciando en España".
Sosa detalló que en esta asociación figuran socios fundadores, entre ellos representantes de 65 víctimas mortales, socios de número (puede haber uno por cada víctima con derecho a voz y voto) y socio colaborador, en relación a familiares o allegados. En total, la asociación está formada por alrededor de 120 socios, aunque prevé más de 200 integrantes. El representante añadió que algunas de las familias asociadas tienen sus propios abogados, además de los de la asociación. Incidió en que el colectivo no pretende hacer un "juicio paralelo" a la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y cuyas decisiones respeta "absolutamente".