Actualizado 04/04/2008 22:11 CET

Crónica Mari Luz.- El CGPJ propone expedientar al juez Tirado por falta muy grave al no encarcelar a Del Valle

- También quiere archivar la investigación contra el magistrado González, porque su conducta ha prescrito

MADRID, 4 Abr. (OTR/PRESS) -

El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso hoy la apertura de un expediente disciplinario al titular del juzgado número uno de lo penal de Sevilla, Rafael Tirado por una falta muy grave de "desatención" de sus funciones por no vigilar la condena que dictó contra Santiago del Valle, supuesto asesino de Mari Luz Cortés. Además, la inspección solicitó archivar la investigación contra el magistrado Javier González, de la Audiencia Provincial de Sevilla, a pesar de que tardó tres años en confirmar la sentencia de Tirado, porque considera que su conducta ha prescrito.

El informe de la inspección será discutido el próximo lunes en la Comisión Disciplinaria del Consejo que ha sido convocada urgentemente a dicho efecto. Según concluye el inspector, los errores del juez Tirado, en especial su falta de supervisión de los trámites de ejecución de la sentencia contra Del Valle, retrasaron dos años y dos meses la ejecución de su condena a dos años y nueve meses de prisión, de cuyo trámite se encargó en gran medida la secretaria del Juzgado.

"Dada la pasividad del magistrado-juez titular, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del Juzgado, puede concluirse que pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario", concluye el inspector. La sanción por desatención puede ir desde la suspensión del juez en sus funciones por unos meses, pasando por su traslado forzoso, hasta su expulsión de la Carrera.

El informe desarrolla de forma exhaustiva la actuación del Juzgado de lo Penal número 1 de Del Valle, señalando que, si bien desde que se celebra el juicio, en 2002, hasta la remisión de los recurso la Audiencia Provincial de Sevilla "la tramitación del asunto fue lo suficientemente ágil y correcta", no ocurrió lo mismo una vez fue confirmada la sentencia, lo que además tardó en producirse casi tres años desde que Tirado firmara su sentencia condenatoria, en diciembre de 2005.

Por ello, para el CGPJ "los problemas surgieron a continuación". Es decir, una vez que se trató de citar a Del Valle y a su esposa para informarles de que debían ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario y en un hospital psiquiátrico, respectivamente. "Dicho requerimiento, dilatorio e innecesario, era práctica habitual en el Juzgado", añade. Además, todos los trámites dirigidos a averiguar el paradero de Del Valle que se solicitó tras el incumplimiento de la petición anterior, fueron ordenados por la secretaria del Juzgado, sin que conste la supervisión posterior por parte del magistrado.

Tras ello, la ejecutoria estuvo paralizada año y medio, desde marzo de 2006 hasta septiembre del pasado año, a lo que siguió un "relevante error" por no requerirse a la Policía. "En definitiva, como consecuencia de los trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la Ejecutoria, la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días", concluye el inspector, que añade que "no consta que en algún momento de la dilatada tramitación de la causa el Ministerio Fiscal o la Junta de Andalucía, que actuaba como acusación particular, denunciaran demoras o irregularidades en la tramitación de la Ejecutoria", y tampoco recurrieron las diferentes resoluciones dictadas.

"PASIVIDAD ALARMANTE" DE LA AUDIENCIA

Por lo que respecta al magistrado ponente de la sentencia de la Audiencia de Sevilla que confirmó la condena de Del Valle, Javier González Fernández, el inspector destaca su "pasividad alarmante", ya que la deliberación de este caso se fijó para el 19 de mayo de 2003 y, sin que conste ninguna resolución por la que se modificase dicho señalamiento, lo cierto es que no dictó sentencia hasta dos años y siete meses después, el 30 de diciembre de 2005.

"No consta motivo o razón alguna que haya podido impedir o dificultar a los magistrados resolver el recurso" en plazo, según el inspector, "máxime cuando el resto de casos se dictaban con poco más de un mes de demora". Por todo ello, cree que hubo desatención, si bien ésta falta tiene un plazo de prescripción de dos años, que debe empezar a contar cuando se dictó la sentencia (30 de diciembre de 2005), por lo que ya ha concluido.

Igualmente, reprocha al presidente de la Sección Séptima en dichas fechas, Antonio Gil Merino, no haber alertado al ponente para que dictara la sentencia, puesto que su obligación era la de vigilar el cumplimiento de los plazos procesales.

OTR Press

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