MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han desarrollado en el año 2010 3.410 intervenciones en las que se han detenido a 3.512 personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual e incautaron más de 9,5 millones de objetos falsificados valorados en más de 461 millones de euros.
Estos son los principales datos del balance de las intervenciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil contra la piratería industrial e intelectual publicado este martes por el Ministerio del Interior en colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Cultura y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
En concreto, el 54 por ciento de las intervenciones realizadas corresponde a productos que se encuadran dentro de la propiedad industrial, y el 46 por ciento contra propiedad intelectual. El estudio se refiere, exclusivamente, a la mercancía intervenida, no incluyéndose el perjuicio económico derivado de la explotación en Internet de derechos de propiedad intelectual no autorizados por los titulares de los citados derechos. La valoración total de la mercancía intervenida ha aumentado un 5,3 por ciento respecto a 2009 (461 millones de euros en 2010 frente a 438 millones el año anterior).
En cuanto al recuento por Comunidades Autónomas, Andalucía y Madrid lideran el número de intervenciones totales realizadas. Asimismo, por sectores, el más perjudicado fue el de la marroquinería (28,18 por ciento del total), textil (14,4 por ciento) y juguetes (13,2 por ciento). Si bien el textil y la marroquinería son sectores tradicionales en este ámbito, es importante tener en cuenta el incremento que se ha procedido en el sector juguetes, en el que el peso de las falsificaciones es cada vez mayor con los consiguientes peligros que se producen para la salud y la seguridad.
CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN ILEGAL
Entre las consecuencias más llamativas de la distribución ilegal de mercancías destaca la destrucción de puestos de trabajo y reducción de la inversión en innovación, el cierre de pequeños comercios y desaparición del tejido comercial ante la competencia desleal de la venta ambulante ilegal de estos productos, el riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores, así como la disminución de los ingresos fiscales y la explotación de personas por parte del crimen organizado para llevar a cabo la distribución de estas mercancías
Por su parte, las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en el ámbito físico y digital en España generan cuantiosas pérdidas al sector de las industrias culturales con la consiguiente destrucción de empleo y riqueza de un sector que genera cerca del 4 por ciento del Producto Interior Bruto español.
Asimismo, la competencia desleal que supone este tráfico ilegal de contenidos no sólo dificulta las posibilidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio, sino que también afecta a agentes claves en el mundo de las industrias culturales, dificultando la producción y creación musical, audiovisual, literaria o multimedia, y perjudicando con ello el ejercicio del derecho a comunicar o recibir libremente nuevas creaciones.
