SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha defendido este miércoles que la actuación de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico al rescindir el contrato con la empresa ASTRA para la extensión de la TDT "ha buscado, en todo momento, la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma".
En un comunicado, Industria ha rechazado las acusaciones vertidas en las últimas horas por la diputada popular, María Antonia Cortabitarte, y ha lamentado que el PP no se sume al Gobierno en esa defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía de Cantabria.
El Gobierno recuerda que en el año 2007 aprobó el Plan de Universalización de Televisión Digital en Cantabria para garantizar que el 100 por 100 de la población pudiera acceder, en igualdad de condiciones, a los contenidos de la nueva Televisión Digital Terrestre.
Explicó que la realidad orográfica y demográfica de Cantabria evidenciaba que en torno a un 30 por ciento de la población no podía tener acceso a dichos contenidos mediante la red de distribución terrestre, lo que obligaba, por tanto, a desplegar un sistema de emisión vía satélite.
Con el fin de asegurar esa cobertura en todo su territorio, Cantabria adoptó la decisión de convocar un concurso "basado en los principios de publicidad, concurrencia y neutralidad tecnológica para desarrollar los trabajos necesarios para garantizar esa universalización en el acceso a la TDT", subrayó el Ejecutivo.
Agregó que la adjudicación de este contrato se produce en el mes de marzo de 2008 a la empresa SES-ASTRA, por parte de la empresa pública IDICAN, que había recibido previamente la encomienda de gestión de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico.
Tiempo después --añade--, en septiembre de 2008, y en respuesta a la realidad de la extensión de la TDT en toda la geografía nacional, el Gobierno de España tomó la decisión de impulsar las medidas adecuadas para hacer posible la universalización del acceso a la TDT en toda España, sin costo alguno del servicio, ni para las Comunidades Autónomas ni para los propios usuarios.
"El Gobierno de España decide, por tanto, asumir íntegramente la implantación de un sistema de señal vía satélite para llegar a todos los hogares", explica el Ejecutivo, que indica que, "por lo tanto, IDICAN toma la decisión de resolver el contrato, por causas sobrevenidas y justificadas legalmente".
La Consejería de Industria afirma que todo el proceso, tanto de licitación del contrato como de adjudicación y la definitiva resolución del mismo cuenta con el necesario aval jurídico, y se ha desarrollado, en todo momento, "bajo la premisa fundamental de la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma", al evitar que Cantabria tuviera que asumir una inversión de 4,5 millones de euros que fue asumida íntegramente por el Gobierno de España sin coste alguno para la región.
DEMAGOGIA
Industria ha reclamado al Partido Popular que "abandone su habitual demagogia", en un asunto que se encuentra en estos momentos en un procedimiento judicial.
Además, el Gobierno ha considerado "inaceptable" que la diputada popular, María Antonia Cortabitarte, "se permita el lujo de insinuar irregularidades económicas en la gestión de la inversión inicialmente prevista para dicho contrato".
Tras afirmar que el PP "no sabe dónde está ese dinero sencillamente porque no lo pregunta, ya que existe constancia oficial de su gestión", el Gobierno ha indicado que el consejero de Industria "estará encantado" de acudir al Parlamento de Cantabria a responder a todas las preguntas que la diputada Cortabitarte desee formularle.
Al respecto, asegura que el Gobierno "no tiene nada que ocultar", porque la gestión que se ha realizado, desde 2003, para garantizar la universalización de la TDT en toda Cantabria "está siendo eficaz", de forma que la Comunidad Autónoma es de las primeras de España en implantación de la Televisión Digital Terrestre.
Finalmente, Industria se ha mostrado dispuesta, igualmente, a explicar en sede parlamentaria la gestión realizada en esta materia por el Partido Popular antes del año 2003.
