MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
ANPE, ante el documento aprobado la semana pasada en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, ha manifestado que los docentes "no pueden asumir, en ningún caso, la vigilancia de las redes sociales del alumnado".
Para el sindicato, la idea de que el profesorado monitorice los comentarios y hashtags de sus alumnos en redes sociales, inspirada en un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), "resulta del todo punto discutible al carecer el colectivo docente de cobertura legal ante las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de dicha actividad".
En concreto, ha advertido de que podrían incurrir en un delito de "intromisión ilegítima agravada, como pudiera deducirse del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".
Por otro lado, ANPE ha explicado que el ejercicio de dichas actuaciones "resulta inviable para unos profesionales desbordados por un incesante crecimiento de tareas burocráticas que asfixian el normal desempeño de su labor docente".
El pretendido seguimiento de las redes del alumnado, requeriría, según ha señalado el sindicato, "una dedicación exclusiva, completamente ajena a las labores propias del profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje".
"Como docentes, asumimos con responsabilidad nuestro papel en la prevención y detección del ciberacoso desde nuestra condición de formadores, pero no la vigilancia o intromisión en las cuentas personales del alumnado en redes sociales, cuestión que compete a sus familias en el caso de los menores de edad, y a otras instancias superiores en los casos más graves", ha añadido.
ANPE ha recordado que ya alertó de la "necesidad" de fomentar la convivencia y buenas prácticas en redes sociales como mecanismo preventivo del ciberacoso, tanto entre iguales como hacia el profesorado. En este sentido, ha puesto en marcha varias campañas y decálogos sobre convivencia y el buen uso del móvil y las redes sociales en centros educativos, dirigidas fundamentalmente al alumnado de ESO, FP y Bachillerato, así como sobre el buen uso de los grupos de WhatsApp de las familias usuarias del servicio educativo.
También ha resaltado que exigió la consideración de autoridad pública para el profesorado en el ejercicio de su función. "Resulta ahora difícilmente comprensible que surjan propuestas que atribuyen a los docentes responsabilidades, relacionadas con la actividad de sus alumnos en Internet, que exceden las funciones propias de su trabajo en el aula", concluye el sindicato.
