El Rey Felipe VI - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Republicano ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) para eliminar la firma del Rey en los títulos universitarios.
Los republicanos, que han registrado varias enmiendas a esta ley impulsada por el PSOE, consultadas por Europa Press, buscan "avanzar hacia una universidad más autónoma y sin tutelas simbólicas".
Su objetivo es "reforzar la autonomía universitaria, garantizar el pluralismo lingüístico, ampliar los derechos del estudiantado y fortalecer el sistema público de investigación".
En este contexto, han planteado eliminar la obligación de que los títulos universitarios oficiales se expidan en nombre del Jefe del Estado. "No existe ningún mandato constitucional que obligue a que los títulos se emitan en nombre del Rey. Se trata de una previsión legal y, por tanto, plenamente modificable", ha señalado la diputada Etna Estrems, quien ha defendido que la universidad debe regirse por criterios "académicos e institucionales propios, sin incorporar formalismos simbólicos sin base constitucional expresa".
En materia lingüística, la formación republicana ha propuesto reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias autonómicas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR), garantizando que acepten documentación en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado en los procesos de evaluación y acreditación. "Esta medida busca asegurar la igualdad de trato y evitar desventajas derivadas del uso de lenguas cooficiales", ha explicado Estrems.
Asimismo, también proponen reconocer expresamente el derecho del Consejo de Estudiantes a convocar el paro académico, reforzando la participación democrática del estudiantado en la vida universitaria.
Finalmente, en las enmiendas han planteado eliminar el límite a la tasa de reposición en los centros públicos de investigación, permitiendo a las administraciones determinar las plazas necesarias según su situación financiera, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la planificación del sistema público de investigación.
"Defendemos una universidad pública más autónoma, plural y democrática, libre de tutelas simbólicas y al servicio del conocimiento y de la sociedad", ha subrayado la diputada Estrems.