Escuelas Católicas se suma a la petición de un Pacto de Estado para proteger a los menores en el entorno digital

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas se ha adherido al manifiesto "Protegiendo a la infancia y la adolescencia en el entorno digital", en el que se recogen 15 medidas de consenso dirigidas a los representantes políticos para promover un Pacto de Estado que garantice la protección integral de los menores frente a los riesgos del entorno digital.

A esta iniciativa, promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) y que cuenta entre sus socios fundadores con Unicef, Save the Children, la Fundación ANAR, Dale una vuelta e iCmedia, se han unido todo tipo de entidades y fundaciones, y además cuenta con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Instituto de Juventud.

Según datos del Digital Report España 2023, más de 45 millones de españoles usan Internet a diario y el 90,8% de los adolescentes se conecta todos los días. La edad media de acceso al primer móvil se sitúa en 10,9 años. Estudios recientes alertan además de que los problemas de salud mental vinculados al abuso de la tecnología se han incrementado exponencialmente en los últimos años.

Escuelas Católicas ha destacado la importancia de que los responsables políticos tengan en consideración este manifiesto que se estructura en torno a tres grandes ejes, proponiendo medidas específicas de aplicación estatal, autonómica y municipal: Reconocer el problema; Educar en ciudadanía digital responsable y en educación afectivo-sexual; y Responsabilidad compartida.

Con esta adhesión, la organización que integra a cerca de 2.000 colegios reafirma su compromiso con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, promoviendo una educación integral que fomente el desarrollo responsable, ético y seguro en la sociedad digital actual, que fomente el consenso político y mediático y que permita un margen necesario para aplicar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativos.