Recoge la autoridad pública sólo para los docentes funcionarios
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid presentó hoy una enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, al proyecto de ley de la Autoridad del Profesor que, previsiblemente, estará listo para antes de primavera, destacando la necesidad de hacer hincapié en la mejora de la convivencia escolar y en los recursos para desarrollar dicha participación entre toda la comunidad educativa.
La portavoz socialista en el Parlamento madrileño, Maru Menéndez explicó que se trata de un texto que, a diferencia de la normativa del Gobierno regional, "sí que han compartido" con todos los representantes de la comunidad educativa madrileña, y además de estudiarlo con las organizaciones de profesores, han contado con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Comunidad (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.
A su juicio, nace como "modelo alternativo" frente a la ley "inútil" y con unos valores "muy alejados de la mejora de la convivencia". Y es que, en opinión de los socialistas madrileños, no sólo se pueden abordar los problemas desde la vía sanción, y es necesaria "la implicación del alumnado". "Es fundamental resolver los conflictos por vías pacíficas y las sanciones derivarlas a cosos de especial gravedad", apuntó.
Precisamente, este punto se aclara en el segundo de los cuatro títulos que tiene el texto, el que habla sobre la mejora de la convivencia escolar. "El aprendizaje de la convivencia es un elemento fundamental del proceso educativo y así debe expresarlo el proyecto educativo de cada centro", reza la propuesta socialista, que destaca que "todos los miembros de la comunidad educativa de un centro tienen derecho a convivir en un buen clima escolar y el deber de facilitarlo con su actitud y su conducta en todo momento y en todos los ámbitos de la actividad del centro".
Asimismo, establecen que corresponde a la dirección y al profesorado de cada centro, en ejercicio de la autoridad que tienen conferida, "y sin perjuicio de las competencias del consejo escolar en esta materia", el control y la aplicación de las normas de convivencia. "En esta función deben participar los demás miembros de la comunidad educativa del centro y la dirección debe garantizar la información suficiente para esta participación", añade.
AUTORIDAD PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS
Uno de los puntos que más dista del proyecto de ley del Gobierno regional es el que se refiere a la autoridad pública de los profesores. Los socialistas consideran que esta autoridad como tal sólo la pueden tener los funcionarios docentes, tal y como establecen las normativas estatales, porque creen que ni el Ejecutivo autonómico ni ellos tienen competencia para hacer extensible esta autoridad al resto de profesores.
Uno de los portavoces adjuntos del Grupo, Adolfo Navarro, aclaró que si bien todo el texto es de aplicación para todos los centros de la Comunidad de Madrid, en el asunto de la autoridad pública, lo que los socialistas recogen "es que las normas estatales ya recogen la autoridad pública para los funcionarios públicos mientras que Esperanza Aguirre lo extiende sin tener competencia para ellos a los concertados y privados cuando es imposible que ella regule ese tema".
En el texto, se habla de que la autoridad pública del profesorado es inherente al ejercicio de su función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar su profesión en todos aquellos aspectos recogidos en el artículo 91.1 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que establece cuáles son las funciones del profesorado.
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