La tala de madera ilegal supone el 20% de los gases de efecto invernadero asociada a la deforestación de los bosques
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Mixto presentó hoy en el Senado una moción por la que instó al Gobierno a elaborar una normativa que se exiga a las administraciones públicas y empresas privadas la utilización de madera certificada con la finalidad evitar la comercialización de la madera procedente de la tala ilegal.
Así lo expusieron en rueda de prensa los senadores del Grupo Mixto Pere Sampol y Francisco Javier Tuñón acompañados del director de la campaña de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. Dicha iniciativa recoge las reivindicaciones de la organización para evitar esta práctica en países tropicales por sus consecuencias económicas y medioambientales.
La moción consta de cinco puntos en los que también se incluye el impulso por parte del Gobierno de planes que promuevan la obtención de título de empresa certificada con la que formar una "cadena de custodeia" de madera certificada, unido a la promoción de convenios con los países exportadores para evitar esta práctica y realizar campañan de sensibilización en la sociedad que fomenten el uso de la madera legal tanto en los profesionales de la construcción como en el público en general.
Esta medida parlamentaria sostiene que el impacto económico del comercio de madera de tala ilegal supone unas pérdidas que oscilan entre los 10.000 y 15.000 millones de euros según las estimaciones del Banco de España junto a los costes ecológicos que acarrea. Por ello, se recomienda reforzar las medidas recogidas en procesos como el Cumplimiento de la Legislación Forestal, Gobernabilidad y Comercio --FLEGT en sus siglas en inglés--.
GRAVES CONSECUENCIAS DE LA TALA ILEGAL
En este sentido, Soto detalló que la tala de madera ilegal supone el 20% de los gases de efecto invernadero asociada a la deforestación de los bosques y el 30% de la producción procede de prácticas irregulares, según los últimos datos recabados por Greenpeace.
El director de campaña de Greenpeace incidió en la complejidad de la cuestión, ya que la madera que se acopia en los países emisores irregularmente "sale de forma legal" de sus puertos, por lo que las medidas actuales no pueden prevenir con toda eficacia su comercialización en países como España. "Es legal importar madera ilegal", sentenció el responsable de la organización ecologista.
Soto precisó que la organización ecologista ha constatado que en puertos como el de Sagunto, Palma, Valencia o Ferrol circula madera procedente de tala ilegal debido a la imposibilidad actual de tomar medidas desde la legislación existente.
Además, incidió en que esta práctica tiene incidencia en países en conflicto, poniendo por caso la constatación de la influencia de la tala legal en Liberia o República del Congo. Para el portavoz de Greenpeace, es necesario que desde España y el ámbito comunitario se ayude a países como Brasil, Myanmar, Indonesía, Camerún, y en general las naciones del entorno tropical.
Soto precisó a su vez que con las medidas propuestas se evitaría la adquisición de madera a empresas que han sido multadas por comercializar madera ilegal, y puso ejemplo que su adopción evitaría su uso en actuaciones públcias como es el caso en la ampliación del Museo Reina Sofía o en la pasarela construida en el Parque Natural de la Albufera en Mallorca, denunciados por la organización ecologistas. "Es necesario que la administraciones se conciencien y qué madera compran", aseveró.
UN DEBATE QUE TIENE QUE LLEGAR A TODAS LAS ADMINISTRACIONES
Por su parte, Pere Sampol subrayó que "hace falta" una normativa que garantice la certificación de la madera y evitar su comercio ilegas y añadió que el debate para fomentar las buenas prácticas "tiene que llegar a todas las administraciones", incluidas las autonómicas. A su vez, recalcó que el Gobierno debe de actuar en la UE para promover un "futuro reglamento" que promueva el control de la venta de madera en base a criterios ambientales.
El senador autonómico por Baleares también señaló la posibilidad de crear una "línea de ayudas" a las empresas que garanticen la adquisición de madera certificada, impulsando con ello una categoría de "sello de calidad" en las entidades que obtengan materia prima reconocida.
Finalmente, Tuñón destacó que el comercio de tala ilegal ha producido que la venta de madera legal en la vertiente pirenáica esté en "declive" y que esta iniciativa supone un ejemplo de actuación desde "lo global para defender lo local" y mantener la "calidad y sostenibilidad" de la producción española y evitar consecuencias "irreversibles" en el comercio nacional.
Por último, el director de Campaña de Greenpeace precisó que por parte del las autonomías se ha expresado "promesas genéricas" para adquirir compromisos por parte de las administraciones autonómicas y puso por caso de esta postura al ex Govern balear de Jaume Matas, si bien precisó que esas intenciones no han transcendido más allá y no se ha incidido en mayores controles en la adquisición de madera certificada en el proceso de adjudicaciones.
