GINEBRA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha expresado este jueves su profunda preocupación por las continuadas detenciones de cientos de activistas en Bahréin, la persecución a profesionales de la medicina y la sentencia a muerte contra cuatro manifestantes acusados de matar a dos policías durante las protestas.
El Ministerio de Justicia bahreiní anunció el miércoles que un tribunal militar juzgará a 23 médicos y a 24 enfermeras del hospital Salmaniya por participar en protestas sin autorización e incitar el odio contra el Gobierno.
Además la semana pasada, cuatro manifestantes fueron sentenciados a muerte y otro tres a cadena perpetua por la muerte de dos policías. Antes de ser condenados, estuvieron aislados sin poder contactar con sus familias y con poco acceso a sus abogados.
"El juicio de civiles en un tribunal militar siempre es muestra de preocupación. La aplicación de la pena de muerte sin ninguna causa y tras la celebración de un juicio en secreto es ilegal y absolutamente inaceptable", denunció Pillay. "Los acusados tiene derecho a ser juzgados en un tribunal civil, de acuerdo con las leyes del Derecho internacional y manteniendo los compromisos de Bahréin respecto a los Derechos Humanos", indicó.
Cientos de personas siguen arrestadas por haber participado en las protestas. El Gobierno asegura que se trata de 400, pero el organismo de la ONU eleva esta cifra hasta los 1.000. Además el Gobierno informó de la liberación de 312 arrestados tras ser interrogados. Muchas de las detenciones se produjeron cuando los manifestantes estaban siendo atendidos en el hospital de Salmaniya tras ser heridos en las protestas.
MUERTES BAJO ARRESTO POLICIAL
"Son particularmente preocupantes las informaciones sobre la muerte de cuatro personas cuando se encontraban bajo custodia policial. Mi oficina ha recibido información sobre las torturas perpetradas contra activistas de los Derechos Humanos que se encuentran actualmente detenidos", explicó la Alta comisionada.
"Debe haber investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia policial y las acusaciones de tortura. Las autoridades bahreiníes deben detener la intimidación y el acoso a los defensores de Derechos Humanos y activistas políticos, y asegurar que se respetan sus derechos fundamentales, civiles y políticos", añadió.
Pillay aseguró que el Gobierno ha tomado una serie de medidas que parecen encaminada a silenciar a la disidencia y crear un clima de miedo ante posibles futuras protestas. Además, denunció que unos 1.000 funcionarios habían sido despedidos por haber participado en las protestas, y que varios periodistas también se habían quedado sin trabajo o habían sido arrestados.
"Todos los presos políticos deben ser liberados inmediatamente y todos los detenidos deben tener acceso a consejo legal", señaló. Pillay advirtió que el estado emergencia, que fue aprobado durante las protestas y que el Parlamento amplió el miércoles, no permite que las autoridades violen los Derechos Humanos. Además, la Alta Comisionada reiteró al Gobierno bahreiní su petición para que permita a su Oficina el envío de una misión al país.
