Cataluña lleva al TC el decreto de racionalización del gasto educativo y sustituciones

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha anunciado este martes que llevará al Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que regula las sustituciones de profesorado, porque considera que invade competencias de la Generalitat.

Así lo han anunciado la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, y el consejero de Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que se ha centrado en cuestiones educativas, como la decisión de impugnar este Real Decreto ley al TC, después de que el Consejo de Garantias Estatutarias concluyera por unanimidad en junio que buena parte de los artículos contravienen el Estatut y la Constitución.

Concretamente, se impugnarán los artículos 3, 4 y 6 --apartados 1, 3, 4 y 7--, la parte de la norma que legisla sobre la determinación de la jornada lectiva del personal docente y el plazo para la sustitución transitoria del profesorado.

El artículo 4, precisamente, incrementa el plazo de sustitución del profesorado, como consecuencia de las limitaciones de oferta de ocupación, a la vez que considera que las ausencias cortas no deben ser cubiertas por personal interino, sino con los recursos del mismo centro.

El Ministerio aprobó en abril el decreto, que establece que las bajas no se cubrirán con sustituciones externas hasta pasados los diez primeros días.

Rigau ha subrayado "la evidente" invasión competencial del Estado, especialmente en el ámbito de los profesores sustitutos, porque hasta ahora la regulación de esta cuestión la gestionaba la Generalitat en el ejercicio de sus potestades organizativas sobre los centros y en relación al personal docente.

La consejera ha deplorado que la última posición del Ministerio de Educación, que recibieron la tarde de este lunes, no respondiera a las alegaciones de la Generalitat referentes al artículo 4 sobre los profesores sustitutos que es "la gran invasión competencial".

También ha lamentado que el artículo 3 sobre la jornada lectiva establezca un horario mínimo de 25 horas en la etapa Primaria y de 20 en la Secundaria que deberá cumplir el profesorado, lo que el Ministerio ha justificado para poder cumplir los objetivos, las competencias básicas y las enseñanzas concretadas en los currículums.

En relación a la educación universitaria, el Gobierno ha recurrido el artículo 6.1 en relación a los requisitos de creación y mantenimiento de centros y estructuras universitarias, además del 6.3 sobre la cooperación entre universidades; el 6.4, sobre el régimen de dedicación del personal docente investigadors (PDI), y el 7, sobre la financiación de becas y ayudas, porque no respeta la autonomía financiera de la Generalitat.

Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias determinara que había determinados preceptos inconstitucionales, se abrió un proceso de negociación bilateral Generalitat-Estado con la finalidad de "resolver las discrepancias" en relación a los artículos ahora recurridos, pese a que no fue posible ningún acuerdo que evitara el recurso.