La sustitución de becas por contratos y la Agencia Estatal de financiación están entre las principales novedades
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que comenzó a redactarse en 2008 y sustituirá a la norma vigente desde 1986, para su remisión al Congreso de los Diputados e inicio trámite parlamentario.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con la nueva regulación, España, "que ya es la novena potencia, va a consolidarse entre los países con más producción científica del mundo y a aumentar la capacidad para transformar el conocimiento y al innovación".
La titular de Ciencia, Cristina Garmendia --ausente en la rueda de prensa al estar preparando la reunión del Eurogrupo que se celebra esta tarde--, encargó hace casi dos años a un grupo de expertos una primera redacción del texto que ha sido consultada con la comunidad científica y los partidos políticos en diversas rondas de negociación.
El ministerio de Ciencia e Innovación ha asegurado en un comunicado su "voluntad de aprobar esta ley con el mayor consenso posible" y "contar con las valoraciones de los colectivos implicados". En este sentido, De La Vega ha asegurado que "la ley apuesta por la cooperación" y es "una norma importante por la que vamos a mejorar la capacidad y el progreso".
Así, la futura ley pretende adaptar el sistema de Ciencia y Tecnología a las circunstancias actuales de España, que cuenta con un mayor volumen de investigadores --seis veces más que en 1986--, y de fondos dedicados a la I+D+i --14 veces más que en 1986--.
RETENER Y ATRAER TALENTO
En concreto, la futura normativa contempla una serie de cambios en la carrera científica, diseñada en base a méritos y de carácter "estable y previsible" según Ciencia, para retener y atraer talento científico, por lo que contempla un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que incorporarse al sistema público de I+D.
Además, recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado y reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado.
Por otro lado, de la Vega ha destacado que la nueva ley facilitará la creación de un sistema de I+D "más eficiente y eficaz" con la creación de una Agencia de financiación que dotará de "mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y, al mismo tiempo, garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos".
En el ámbito de la cooperación público privada, la futura normativa persigue profundizar y complementar lo previsto en la Ley de Economía Sostenible con fines científicos y tecnológicos. Por ello, se establecen mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, al crear un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica para maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades.
COMITE ESPAÑOL DE ETICA
Además, entre otras novedades, está prevista la creación del Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y de los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.
Asimismo, incluye una serie de medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia con el objetivo de lograr un modelo capaz de incentivar a los grupos de investigadores con los mejores resultados científicos.
La Ley también apuesta por la difusión universal del conocimiento científico y su apertura a la sociedad, según el Ejecutivo. En este sentido, contempla que las administraciones públicas tengan por ley el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia. Asimismo,
Por último, se prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitan la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales, entre otros aspectos.
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