El Congreso aprueba una iniciativa de Vox para que el Gobierno refuerce el mantenimiento de carreteras, con apoyo del PP

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley de Vox relativa al refuerzo del mantenimiento y conservación de la red viaria del Estado, especialmente durante el periodo estival.

La proposición no de ley ha sido aprobada por 17 votos a favor (Vox y Partido Popular), 15 en contra (del resto de grupos parlamentarios) y ninguna abstención.

De este modo, el Congreso insta al Gobierno a reforzar el mantenimiento y conservación de la Red de carreteras del Estado con el objeto de prevenir accidentes de tráfico y reducir la siniestralidad vial, teniendo en cuenta las posibles responsabilidades jurídicas derivadas del estado de conservación de las carreteras según indica la Fiscalía de Seguridad Vial.

La iniciativa recuerda que, según el Informe 2025 de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el 52% de los 101.700 kilómetros de la red viaria nacional presenta daños graves o muy graves, lo que supone casi 34.000 kilómetros de firme en situación crítica que requerirían reparación urgente, con una inversión necesaria para subsanar este deterioro de más de 13.400 millones de euros, de los cuales casi 4.700 corresponden a la red estatal.

Vox recalca que esta situación también genera un sobrecoste en los desplazamientos veraniegos estimado en más de 270 millones de euros en combustible, unos datos que revelan una "presión extrema" sobre la red viaria estatal durante el periodo estival y evidencian que el estado "deficiente" del firme, la señalización y los sistemas de contención "constituyen un factor directo de riesgo, especialmente en un contexto de alta siniestralidad y vulnerabilidad".

La formación advierte de que la situación exige una intervención "urgente y prioritaria" en mantenimiento y mejora estructural de las vías estatales como medida efectiva de prevención de accidentes.

"El mal estado de conservación de la red de carreteras se ha identificado como un factor determinante en la siniestralidad vial", señala Vox, que añade que entre las principales deficiencias destacan el desgaste progresivo del pavimento, la señalización deficiente, barreras o elementos de balizamiento deteriorados, ausencia o mal estado de sistemas de contención y la falta de mantenimiento preventivo.

La Comisión sobre Seguridad Vial también ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la digitalización y el mantenimiento de los centros de examen desplazados para las pruebas de obtención del permiso de conducir, por 17 votos a favor, 1 en contra, 14 abstenciones.

Con la aprobación de esta iniciativa, la Cámara Baja insta al Gobierno a garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento de los centros de examen desplazados para las pruebas teóricas y prácticas de conducir en todos aquellos municipios que actualmente cuentan con este servicio, evitando que la digitalización de los procedimientos suponga un obstáculo para los ciudadanos de zonas rurales o con menor densidad de población.

También reclama al Ejecutivo que asegure que los ayuntamientos no asuman cargas económicas, técnicas ni materiales derivadas de las nuevas exigencias vinculadas a la digitalización, garantizando que dichas competencias sean ejercidas y financiadas por la Administración General del Estado a través de la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, le pide que impulse líneas específicas de financiación, dirigidas a las entidades locales, para que puedan acometer las adaptaciones necesarias que permitan mantener operativo el servicio sin poner en riesgo su equilibrio presupuestario.

El Congreso reclama al Gobierno que establezca mecanismos de diálogo y colaboración institucional con las entidades locales y autonómicas implicadas, incluyendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de manera que cualquier decisión relativa a la organización y funcionamiento de los centros de examen se adopte con consenso y transparencia.

Por último, insta a evaluar el impacto territorial y social de estas medidas, prestando especial atención a su incidencia en la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades, para garantizar que la modernización del sistema de exámenes de conducción no derive en una discriminación por razón del lugar de residencia.