DigitalES pide que desarrolladores, plataformas y RRSS jueguen un "papel central" para implementar verificadores de edad

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), Miguel Sánchez Galindo, ha defendido que "desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben desempeñar un papel central en la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso, en línea con la normativa europea Digital Services Act (DSA)".

Así lo ha indicado en la inauguración de la jornada 'Infancia y adolescencia en la era digital: un reto legislativo y social', celebrada este viernes en el Congreso y clausurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Según ha informado la patronal tecnológica, Sánchez Galindo ha destacado que seis de cada diez adolescentes acceden a contenidos pornográficos, muchos antes de los ocho años, y que los casos de ciberacoso aumentaron un 37% en el último año. "Exige una respuesta pública y social al mismo ritmo que evolucionan los riesgos digitales", ha asegurado.

El director general ha apuntado que la protección de la infancia es una "condición para la innovación, no un freno" y ha agregado que la futura Ley Orgánica de protección debe ser "una norma urgente y eficaz, con una distribución clara de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor digital". A su juicio, la norma "debe exigir además la retirada inmediata de contenidos ilícitos".

"Para la protección de la infancia no valen excusas ni económicas ni técnicas", ha declarado, para después señalar que no se puede permitir que se produzca una falsa sensación de seguridad en la sociedad, "que es lo que sucedería" si no se integra "plenamente a las grandes plataformas, redes sociales y proveedores de servicios intermediarios en internet".

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

En la primera mesa de la jornada, Catalina Perazzo (Save the Children), Nacho Guadix (UNICEF) y Claudia Perazzo (Fundación SOL) han destacado la urgencia de reforzar la protección de la infancia en el entorno digital desde una responsabilidad compartida entre familias, administraciones y plataformas tecnológicas.

Mecanismos reales de verificación de edad y control parental, acompañados de educación digital y afectivo-sexual para familias y menores o una mayor responsabilidad y transparencia de las plataformas, especialmente en la prevención del abuso y la explotación sexual infantil, el tratamiento de datos y la moderación de contenidos son algunas de las reclamaciones de las ONG que trabajan con la infancia.

También abogan por dotar de recursos a las familias y reducir las brechas digitales, para que puedan ejercer un acompañamiento efectivo; y por legislar "con agilidad y con una visión estructural de la inteligencia artificial, reconociendo su impacto en la exposición, la privacidad y los sesgos que afectan a niños y adolescentes".

A su juicio, la tecnología no es el problema, sino la falta de respuesta y coordinación social, y la protección digital de la infancia requiere "acción urgente, cooperación y coherencia entre lo legal, lo educativo y lo tecnológico".

En la mesa de los grupos parlamentarios, Juan Luis Pedreño (PP) ha sugerido que no apoyará la ley en su redacción actual, por "poco práctica y sin base suficiente para ser aplicable", y ha reclamado una estrategia nacional alineada con Europa. También ha avisado del riesgo de generar una "falsa sensación de seguridad" si la norma no aborda de forma realista los contenidos inapropiados y los algoritmos que los promueven.

Desde el PSOE, Adriana Maldonado ha defendido la ley como una oportunidad para garantizar los derechos digitales de los menores y situar a España al nivel de otros países europeos. Ha recordado que el Parlamento Europeo ha aprobado establecer en 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales, "algo que no se está cumpliendo", y ha dicho que los sistemas de verificación de edad serán la herramienta clave para hacer cumplir las obligaciones de las plataformas.

Por su parte, el portavoz de Vox Alberto Rodríguez Almeida ha reivindicado el papel central de los padres en la educación digital de los hijos y ha criticado que el texto legal "mencione a los progenitores apenas dos veces". En su opinión, el Gobierno "no debe sustituir a los padres en sus responsabilidades".

Además, el representante de Sumar Nahuel González ha defendido que la regulación debe priorizar el interés general frente al beneficio empresarial y ha propuesto limitar el poder de las grandes tecnológicas, educar en el uso ético de las herramientas digitales y garantizar la soberanía sobre los algoritmos. "El odio y la desinformación venden, y ahí es donde la política debe actuar", ha afirmado.

Por último, la portavoz del PNV Nerea Rentería ha señalado la importancia de una coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando las competencias territoriales y la diversidad lingüística y cultural. Considera necesario un nivel homogéneo de protección en todo el país y ha abogado por una ley consensuada, realista y con involucración de las plataformas y redes sociales en el diseño de entornos seguros.

El presidente de DigitalES, Federico Linares, ha llamado a alcanzar una ley "ambiciosa y aplicable" que distribuya las responsabilidades, exigiendo más a quienes diseñan los entornos digitales globales, como plataformas o redes sociales, y evitando sobrecargar a quienes sostienen las redes. "Muchos de los riesgos nacen en entornos digitales globales diseñados sin suficiente atención a la protección de los menores", ha indicado.

En la clausura, Félix Bolaños, ha destacado que el 94% de la ciudadanía apoya la regulación del acceso de menores a entornos digitales y que el Gobierno impulsará la colaboración con el sector privado para implantar sistemas eficaces de verificación de edad.