Gómez Bermúdez aboga por dar beneficios administrativos a inmigrantes que delaten a las mafias del tráfico de personas

CEUTA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, abogó esta mañana en Ceuta, adonde acudió para pronunciar una conferencia titulada 'Tratamiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional: análisis de la última reforma legislativa' en el marco de un curso sobre el Tráfico Ilegal de personas organizado por la UNED, por que la legislación española abra la puerta a la concesión de "beneficios administrativos", esto es, la regularización de su situación en España, a aquellos inmigrantes que colaboren "de forma activa, efectiva y constatable" con las Fuerzas de Seguridad para la desarticulación de las mafias internacionales de la inmigración irregular.

Bermúdez abordó durante su intervención el alcance y consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica 13/2007 para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas y defendió la oportunidad que da a los jueces españoles de investigar más allá de territorio español, aunque negó que esta norma convierta a España en "gendarme" mundial contra la inmigración irregular.

"La ley nos interesa porque permite a la Justicia española enjuiciar estos delitos en supuestos como aquellos en los que se trata a las personas de una forma inhumana o cuando se tiene conocimiento de un delito para evitar que se cometa otro grave dentro de nuestro país", según explicó el magistrado, quien recordó que el legislador "tiró" del ejemplo de las pateras y cayucos que se suelen interceptar en aguas internacionales para elaborar su texto.

"Se trata de una avance muy importante porque demuestra el interés del legislador por perseguir a las mafias y porque, aunque no se llegue a juzgar a los autores de los delitos, reduce espacios de impunidad a nivel mundial, ya que con órdenes de búsqueda y captura internacional se logra que las mafias se enclaustren en los países donde operan, generalmente pobres, donde tienen pocas oportunidades de utilizar lo que ganan con el tráfico de personas", razonó Gómez Bermúdez.

Además, el magistrado defendió la necesidad de incluir la persecución de estos delitos entre las competencias de la Audiencia Nacional "para mejorar la operatividad de su seguimiento" y se mostró partidario de que no se sancione penalmente a los inmigrantes que entran en España, algo que sí se hace en otros países como Francia.