Grapo.- La familia del vigués detenido tiene "prácticamente recaudados" los 12.000 euros de fianza

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia y los allegados de José Luis Fernández González, detenido en Vigo el pasado miércoles por su relación con el Grapo, tienen "prácticamente recaudados" los 12.000 euros de fianza que le impuso el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, según explicó a Europa Press el abogado de la familia, Gustavo García.

El magistrado decretó el ingreso en prisión de Fernández, y de los otros cuatro detenidos el pasado miércoles en diferentes provincias por su vinculación al Grapo, aunque en el caso del vigués, puede eludir la cárcel debido a su estado de salud, ya que es parapléjico como consecuencia de un disparo recibido en una persecución policial en 1980.

La mujer y la hija del detenido vigués conocieron la resolución del juez en Madrid, a donde se desplazaron ayer por la noche, y comenzaron a movilizarse para reunir el dinero, que prácticamente ya tienen recaudado y que tienen previsto entregar a lo largo de la semana que viene.

Grande-Marlaska también ha ordenado que se retire a Fernández González su pasaporte y le ha prohibido abandonar el territorio nacional, una medida a la que se suma la obligación de comparecer semanalmente en dependencias judiciales. El abogado de la familia, Gustavo García, explicó que "éstas son las medidas habituales en estos casos".

OTROS DETENIDOS.

Fernández González prestó ayer declaración ante el juez, al igual que otros cuatro detenidos en esta operación que se desarrolló simultáneamente en Vigo, Madrid, Vitoria, Vizcaya y A Coruña: Carlos Cela Seoane, arrestado en A Coruña y que tiene dos hermanos que cumplen condena por pertenencia a esta banda terrorista; Fernando Cantarrana Berrio, quien ya fue detenido por la Policía en el 2004; Fernando Rodríguez Blanco y Juan Manuel Olarrieta Alberdi.

A los cinco, a quienes se aplica la Ley Antiterrorista (por lo que han sido asistidos por abogados de oficio) se les imputan los delitos de actividades de propaganda, financiación, captación, proselitismo y obtención de información para el grupo y según Interior, son miembros legales de la banda, aunque el ministerio descarta que el grupo tenga estructura ni comando operativo.