MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desestimó hoy el recurso interpuesto la pasada semana por la Fiscalía que solicitaba el archivo de la causa abierta contra tres miembros del Ejército de los Estados Unidos por un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato que habrían cometido en el ataque al Hotel Palestina de Bagdad en el que se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak y en el que resultaron fallecidos el cámara de Telecinco José Manuel Couso y el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk, el 8 de abril de 2003, informaron fuentes jurídicas.
Pedraz destaca, además, en un auto emitido hoy que "llama la atención el cambio de posición ahora adoptado por el Ministerio Fiscal". Recuerda que el Tribunal Supremo decidió en diciembre de 2006 declarar que los jueces y tribunales españoles tenían jurisdicción para tratar la presente causa. Entonces la Audiencia reactivó los decretos de busca y captura contra los tres militares y la Fiscalía "no se opuso a dicha medida" lo que significaba que "estaba de acuerdo con dicho decreto" y estimaba "que el delito existía".
"Si en aquel momento el Ministerio Fiscal hubiera considerado lo que ahora alega", es decir, que los tres militares no tiene responsabilidad criminal en la muerte de los periodistas, "debería entonces haber solicitado que se dejara sin efecto el acuerdo de prisión provisional y, sin embargo, no lo hizo", agrega Pedraz.
La Fiscalía tuvo una segunda oportunidad para cambiar su postura cuando las diligencias contra los miembros del Ejército norteamericano se transformaron en sumario, destaca el juez que añade que el hecho de que este paso contara con su anuencia indica que el fiscal seguía estimando que los hechos revestían un caracter de delito grave.
El ministerio fiscal interpuso recurso de apelación subsidiario que el juez ha admitido a trámite por lo cual la Sala de lo Penal encargada de la causa tendrá que decidir de nuevo en unos días si acepta o no la solicitud del fiscal Jesús Alonso.
Alonso presentó el pasado viernes este recurso al considerar que los hechos no eran constitutivos de los delitos mencionados ya que el "único y directo" disparo llevado a cabo por el blindado comandado por el procesado sargendo Thomas Gibson contra el hotel donde se alojaban los periodistas tras recibir las órdenes oportunas por parte de sus superiores, el capitán Philip Walford y el teniente coronel Philip de Camp, también procesados, no constituyó un ataque "indiscriminado o excesivo" ni hizo objeto a la población civil de actos cuya finalidad fuera aterrorizarla.
El juez afirma que el paso lógico una vez transformada la causa en sumario es procesar a los tres militares, cosa que hizo a través del auto ahora recurrido donde, añade "se concretan todos y cada uno de los indicios apreciados". Destaca que para la presente causa bastan "las sospechas razonables de responsabilidad criminal" y estos indicios equivalen a "una fundada sospecha de participación en cualquiera de sus grados, de una persona en un hecho punible, sin exigencia de un rotundo y absoluto acreditamiento de semejante implicación".
VARIOS INDICIOS
Así, rechaza la alegación de la Fiscalía que en su recurso indicaba que era necesario que los hechos fundamentados fueran "claros y contundentes" y no existieran "resquicios de duda" e indica que para dictar auto de procesamiento no es necesaria la certeza de la comisión de un delito sino "tan solo una mera probabilidad". Además, resalta que en la presente causa no consta sólo "algún indicio" sino varios.
Descarta la validez del informe remitido por las autoridades de Estados Unidos que sirve de base --dice-- al recurso de Fiscalía ya que en para tomar la decisión de procesar a los militares se incluyeron indicios que contradecían ese informe y a través de las diligencias practicadas quedó confirmado que no existía francotirador alguno en el Hotel Palestina.
"En cualquier caso la reacción es desproporcionada", dice el juez e indica que las fuerzas norteamericanas no sufrieron ningún ataque desde ese punto y además "sabían la condición del hotel y por quien estaba habitado", es decir, periodistas. Para Pedraz el lanzamiento de un proyectil de carro de combate de 120 mm --"de efecto lógicamente devastador, indica-- "es de todo punto exagerado para neutralizar a un ojeador" y eran previsibles "los daños colaterales" que provocarían la muerte o lesiones de las personas alojadas allí.
ATEMORIZAR A PERIODISTAS
Pedraz agrega que el testimonio directo de los periodistas alojados en el hotel no puede calificarse como dice el fiscal como "vagas declaraciones". Estas apreciaciones de testigos descartaron la existencia de un ojeador y "no hay nada que lo acredite salvo el informe" norteamericano, dice el juez. "De ahí que pueda llegarse a la fundada sospecha de que el ataque pretendiera atemorizar a los periodistas alojados", añade y destaca que la agresión se produjo coinciendo con ataques a otras sedes de medios de comunicación.
"Se dispara un proyectil contra el hotel donde se alojan la mayor parte de los medios de comunicación que cubren la información sobre el conflicto armado con la intención de que los mismos, atemorizados, no puedan cubrir la misma", destaca Pedraz. Además, según el auto, a tenor de la documentación y de los testimonios este objetivo de los militares se alcanzó ya que entre los periodistas se produjo efectivamente el temor a morir si se exponían a observar a través de las ventanas.
El magistrado manifiesta también que de los tres militares procesados, uno realizó el ataque y otros lo ordenaron "sin que conste qué otras personas estaban detrás pues si constaran también hubieran resultado procesadas sin que sea posible, por absurdo jurídico, imputar a un Gobierno o a un aparato militar".
