VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Valladolid aprobó hoy en Junta de Gobierno Local la modificación de varios artículos de la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana, que, entre otros aspectos, incluye como infracciones graves la práctica de la mendicidad en vías y espacios públicos mediante "medidas coactivas" o impidiendo el "libre tránsito de los ciudadanos" y como muy grave la utilización para ella de menores o discapacitados.
Al respecto, el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, en declaraciones recogidas por Europa Press, lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras asegurar que el incremento de las multas contemplado en la normativa, también conocida como 'Ordenanza Antivandalismo', no tiene por qué preocupar a "la gente de bien, que es la inmensa mayoría de los vallisoletanos".
El munícipe recordó que la ordenanza pretende evitar actos de vandalismo, ruidos excesivos, pintadas y otro tipo de actos "a los que no se dedica la mayor parte de los ciudadanos", de ahí que, insistió, los vallisoletanos no tienen por qué preocuparse. "De la misma forma, yo tampoco me preocupé cuando pusimos cámaras de seguridad en los autobuses de transporte público, pues a los únicos que preocupa es a aquellos que aprovechan la aglomeración de gente para poner la mano donde no deben, bien sea en la cartera del vecino o en la anatomía de la vecina", sentenció León de la Riva.
En cuanto a la mendicidad, destaca su inclusión entre las infracciones estipuladas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. De este modo, entre las muy graves figura la utilización de menores o discapacitados como reclamo o acompañantes. En el apartado de las graves se refleja como sancionable la "práctica de la mendicidad en vías y espacios públicos mediante actuaciones coactivas o de acoso que impidan el libre tránsito de los ciudadanos".
Dentro de la mendicidad, la modificación incluye multitud de formatos que, a partir de esta publicación, quedarán prohibidos en Valladolid. El texto incide en que se prohíbe pedir dinero de "cualquier forma" en las vías y espacios públicos y, en este sentido, los agentes informarán a quienes ejercen la mendicidad en lugares de tránsito las dependencias y centros asistenciales a los que pueden acudir.
Además, se prohíbe interrumpir el "normal tránsito" de personas y vehículos para pedir dinero y también el ofrecimiento a las personas que se encuentren en el interior de vehículos de servicios como la limpieza de cristales o la venta de cualquier objeto.
El nuevo texto incide en que los agentes de la autoridad advertirán a los infractores y, en caso de resistencia, podrán ser desalojados del lugar y que responderán al "principio de proporcionalidad". Así, se requerirán las identificaciones a las personas que ejerzan la mendicidad y de no contar con ella podrán ser llevados a dependencias policiales.
El acuerdo de la Junta de Gobierno hace referencia también a modificaciones en la organización de actos públicos y la responsabilidad, cambios que responden a sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en la capital, que anularon algunos artículos de dicha ordenanza.
PROHIBIDO VENDER O REPARAR COCHES.
Por otra parte, se han incluido por primera vez como infracciones la venta y la reparación de vehículos en la calle. De este modo, se prohíben los actos comerciales como la exposición de vehículos en el exterior de talleres y concesionarios, si bien no se perseguirá el anuncio de particulares en sus propios coches.
Del mismo modo, se censura cualquier actividad que pueda ensuciar las vías públicas como el lavado de automóviles, vertido de colillas, envoltorios o deshechos sólidos y líquidos, el vaciado de recipientes y la reparación o engrase de vehículos salvo que sea imprescindible.
Se modifican, asimismo, aspectos sobre la organización de actos públicos, que inciden en que los responsables de los mismos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Según la normativa, los organizadores cumplirán con las condiciones de seguridad y protección y "velarán porque los elementos urbanos y arquitectónicos no se deterioren y los espacios públicos no se ensucien".
Por último, se matiza la responsabilidad de las sanciones de estas y otras conductas --entre las que se incluyen también el vandalismo, el depósito de basuras en el alcantarillado, pegada de carteles sin autorización o el maltrato a animales--. Así, se recoge que las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones serán responsables solidarios.
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