Lobo. - Europa Press/Contacto/Shane Srogi
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ha denunciado este martes que el Gobierno haya utilizado los 20 millones previstos en indemnizaciones con respecto al lobo en "incrementar el programa del coche eléctrico", el MOVES 3, "según consta en el documento que el propio Gobierno ha enviado a la oficina presupuestaria del Congreso".
"No solo incumple la normativa nacional y europea para permitir a las comunidades autónomas controlar los lobos, sino que además se queda con el dinero de los ganaderos que han perdido sus rebaños por ataques del lobo", ha denunciado el partido.
La diputada 'popular' Milagros Marcos ha explicado en declaraciones a Europa Press que estas indemnizaciones se tendrían que haber repartido "durante el primer trimestre de 2025". Además, ha indicado que Transición Ecológica no les ha dado explicaciones ni con respecto a la no transferencia ni en relación al hecho de que el dinero haya sido "llevado al MOVES 3". "Esto lo hemos descubierto haciendo seguimiento de todos los movimientos presupuestarios", ha criticado.
LA REBAJA DE LA PROTECCIÓN DEL LOBO SUPONE UN CAMBIO DE "CONTEXTO"
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha señalado que no transfirió en 2025 a las Comunidades Autónomas (CCAA) los 9,5 millones de euros para paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva y los 10,5 millones para realizar medidas preventivas en la gestión de la especie tras la rebaja de la protección del lobo por la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario en marzo del año pasado.
Así se ha expresado en una respuesta parlamentaria enviada la semana pasada a la que ha tenido acceso Europa Press. Tal y como ha explicado, estas ayudas se enmarcaban dentro de modelo de gestión basado en la aplicación de medidas preventivas, lo cual "adquiría pleno sentido al estar la especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), en coherencia con su estado de conservación desfavorable".
Sin embargo, la modificación del estatus legal del lobo "supone un importante cambio de contexto". "El modelo de gestión del lobo cambia, al pasar a considerarse una especie cinegética en aquellas CCAA donde así se determine. De este modo, el modelo de gestión actual no se basa en la aplicación de medidas preventivas, sino en la extracción de ejemplares para mantener poblaciones reducidas, lo cual no es coherente con un estado de conservación desfavorable", ha recalcado.
De este modo, el Ministerio ha confirmado que las partidas fueron dadas de baja en el Presupuesto de Transición Ecológica en diciembre de 2025. Sin embargo, fuentes del Ministerio señalaron que Transición Ecológica seguiría aportando los 20 millones de euros que destinaba a estas ayudas y aclararon que el Ministerio se había reunido con los sectores afectados por los ataques de los lobos para ver cuáles podrían ser las líneas prioritarias para este dinero.
ESPERAR A LA RESOLUCIÓN DEL TC ANTES DEL ENVÍO DEL INFORME DEL LOBO
El enfrentamiento entre Transición Ecológica y las CCAA por el lobo se retrotrae a 2021, cuando entró a formar parte del LESPRE, pero se hizo mucho más enconado el año pasado tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la práctica rebajaba su protección y volvía a permitir cazarlo.
El Departamento de Sara Aagesen se remitió al censo del lobo, incluido en uno de los informes sexenales que España tenía que enviar a Bruselas antes del 31 de julio del año pasado. Según dijeron fuentes del Ministerio en junio, hay 1.600-1.700 ejemplares de lobo en toda España --menos que el número de linces-- y la especie está en estado desfavorable. Por lo tanto no puede ser sometida a "controles letales". Aún así, varias CCAA pusieron en marcha planes de extracción, que ONG ecologistas han estado llevando ante los tribunales.
Debido a la Ley de Desperdicio Alimentario, el informe sexenal tiene que contar con la aprobación de las CCAA-- en concreto, tiene que ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En este sentido, varias CCAA aprobaron un informe alternativo al de Transición Ecológica en este último órgano que han enviado recientemente a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, texto en el que defienden el "estado favorable" del lobo.
A lo largo de junio y julio se sucedieron varias Comisiones Sectoriales --las Conferencias Sectoriales reúnen al ministro con los consejeros autonómicos; mientras que las Comisiones Sectoriales hacen lo propio con el Secretario de Estado y representantes autonómicos-- bastante "broncas" según el PP (que gobierna en la mayoría de CCAA 'loberas', incluyendo a Castilla y León, que celebra elecciones este fin de semana).
Éstas culminaron en la Conferencia Sectorial que fue desconvocada el día 22 de julio, poco antes de que el Defensor del Pueblo llevara ante el Constitucional las disposiciones referentes al lobo en la Ley de Desperdicio Alimentario.
Por esta parte, Transición Ecológica ha dicho en la respuesta parlamentaria que se han celebrado cuatro Conferencias de Medio Ambiente en 2025: entre el 24 y el 31 de enero (por precedimiento escrito), el 13 de febrero (presencial), del 2 al 10 de julio (por procedimiento escrito) y del 14 al 27 de noviembre (por procedimiento escrito). En lo que concierne al informe sexenal, ha indicado que todavía no se ha presentado el documento para su aprobación en la Conferencia Sectorial.
Además, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo "representa un componente de inseguridad jurídica que aconseja esperar a su resolución para su envío". Bruselas ya ha abierto un expediente de sanción contra España por el tema, aunque Roswall señaló en su visita al país a mediados de febrero que la Comisión "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe.
Por el momento, la ministra del ramo, Sara Aagesen, ha pedido una actualización de los datos del censo de lobos tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones llevadas a cabo a nivel autonómico en los últimos meses.