PP quiere limitar terapias de conversión, Compromís castigar con 4 años de cárcel y con Sumar, ERC, Bildu y BNG ayudas

    MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El PP quiere limitar las "terapias de conversión" de personas LGTBI+ a casos coercitivos, Compromís castigar con hasta cuatro años de cárcel, frente a la propuesta del PSOE que plantea, mediante una proposición de ley, penas de dos años y, al igual que Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, reclama ayudas para las víctimas.

    Así lo plantean las formaciones a través de una serie de enmiendas a la iniciativa legislativa socialista impulsada en el Congreso y recogidas por Europa Press.

   En este sentido, el PP mantiene en su propuesta la pena de prisión de seis meses a dos años planteada por el PSOE pero limitada solo a los casos coercitivos o con daño probado. "Se entiende por métodos, programas y terapias de aversión o conversión, aquellas prácticas de naturaleza coercitiva que supongan violencia física, psicológica o moral con el objetivo de modificar la orientación sexual y/o la identidad sexual de una persona, vulnerando sus derechos fundamentales y atentando contra su dignidad", indica.

   Los 'populares' también proponen eliminar de todo el texto de la iniciativa, incluida la exposición de motivos, las expresiones "identidad de género" y "expresión de género", sustituyéndolas por las de "identidad sexual" y "orientación sexual", respectivamente.

   Por su parte, Compromís y Más Madrid quieren castigar con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses, "el que aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar, desalentar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género".

   Para Compromís y Más Madrid es fundamental completar el texto con un enfoque integral que incluya medidas de prevención, acompañamiento a las víctimas y reparación, en línea con el texto registrado en el Congreso el pasado mes de febrero del que el PSOE "se descolgó". Por ello, se incluyen otras enmiendas, como instaurar una ayuda económica para las víctimas que dependan económicamente de quienes les someten a esta violencia, o asegurar una alternativa habitacional a quienes conviven con los perpetradores.

   Mientras, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG piden pena de prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses y, al igual que Compromís, ayudas para víctimas equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, ampliable si esta persona tuviera alguna discapacidad en grado igual o superior al 33% a doce meses.

    Asimismo, piden que, en el caso de que la víctima tenga personas a cargo, que su importe alcance el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley orgánica.

    Sumar, ERC, EH Bilud y BNG también apuestan por asegurar una alternativa habitacional para víctimas y también, al igual que Compromís, reclaman investigar formas de LGTBIfobia, discriminación y violencia específica que sufren las personas LGTBI.