Presidente TSJCV lamenta que "se dejara morir" el Pacto de Estado por la Justicia y pide abordarlo sin paliativos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, lamentó hoy que se "dejara morir" el Pacto de Estado por la Justicia "sin que llegase a actuar", ante lo que pidió abordar la problemática de este sector "sin paliativos", "a pesar de las actuales dificultades económicas, o más bien precisamente por ello", puntualizó.

De la Rúa realizó estas declaraciones durante su intervención en la Apertura del Año Judicial 2008-09 en la Comunitat, al que asistieron, entre otros, el fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo; el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y los vocales Gabriela Bravo y Manuel Almenar; además de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León; el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, y otras autoridades.

Este elenco de personalidades no estuvo acompañado de la mayoría de jueces y magistrados de la Comunitat, puesto que tan sólo acudieron entre 20 y 30 en señal de protesta por sus condiciones laborales, tal y como anunciaron --así, no fueron ni la Junta de Jueces de Valencia ni la Sala de lo contencioso-administrativo--. Entre los que sí acudieron, se encontraban el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano; y el de Castellón, Carlos Domínguez.

Tanto De la Rúa como Cabedo aprovecharon el acto para dejar patente la situación en la que se encuentra la Justicia en la Comunitat y hacer nuevas reivindicaciones. En este contexto, el primero criticó que, tras unos primeros aportes de orden normativo --con la publicación del Libro Blanco de la Justicia por el CGPJ--, "se dejó morir" el Pacto de Estado, que vio la luz en 2001, y que ha desembocado en una falta de actuación.

Desde entonces, añadió, se ha operado "a impulsos" de carácter "parcial" y en función de atajar situaciones de gravedad conforme se han ido revelando y "no siempre con la adopción de las soluciones más adecuadas". Así, subrayó que "sigue", por tanto, requiriéndose esa actuación "global", "de nuevo consensuada por la modernización de la Justicia".

A su entender, parece que ha llegado el momento, "a pesar de las actuales dificultades económicas o, más bien precisamente por ello", para otorgar "prioridad", "sin paliativos", a la "problemática" de la Justicia, que en la Comunitat, aseveró, "se ha visto acrecentada" porque "cada vez se ha ido distanciando más la adaptación de la Administración a la realidad cambiante".

En este punto, recordó que la autonomía sigue ocupando el décimo quinto puesto entre todas las comunidades de España en número de magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes censados; el tercer lugar, detrás de Madrid y Andalucía, en tasa de litigiosidad, que atiende al número de asuntos registrados por cada 1.000 habitantes; y el primer lugar en el promedio de asuntos por órgano judicial. Para paliar esta situación, De la Rúa abogó por efectuar un replanteamiento global de la demarcación y planta judicial para acomodarla a la realidad social, y por desarrollar todos sus componentes, tanto de índole personal como material, de la Oficina Judicial.

NO ES UNA "UTOPÍA"

En su opinión, no se habla de una "utopía", sino que se demanda el "necesario" e "imprescindible" esfuerzo presupuestario y, en su caso, normativo, para que "se encauce la anhelada modernización de la Justicia, que no es un proyecto irrealizable", matizó. En este empeño, dijo, corresponde un "decidido protagonismo" al CGPJ, al Gobierno central y a la Generalitat. "No se admite más posibilidad de demora en su solución", aseveró, al tiempo que criticó hayan tenido que ocurrir hechos "de suma gravedad" para que saltasen a la luz pública las "graves deficiencias" que aquejan a la estructura del sistema judicial.

Por su parte, Ricard Cabedo también abogó por que la Administración dote a Fiscalía de la Comunitat de más plazas para fiscales, a su juicio "necesarias" con la implantación de la reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal, con el aumento de casos, y la mayor presencia de estos profesionales en las diferentes actuaciones.

Cabedo justificó esta petición en que el incremento en el número de fiscales entre 2004 y 2008 fue "sólo" del 29 por ciento, en concreto, 50 más, al pasar de 171 profesionales en 2004 --89 en la Fiscalía del TSJ de Valencia, 62 en la Fiscalía de Alicante y 20 en la de Castellón-- a los 221 actuales --cinco en la Fiscalía de la Comunitat, 108 en la provincial de Valencia, 83 en la de Alicante y 25 en la de Castellón--.

También apostó por más medios e instalaciones, en concordancia con lo expuesto en la reforma del ministerio, aunque esto, dijo, es algo que "ya está haciendo". No obstante, avanzó que seguirán reclamándolos "de forma razonada, como hasta ahora". En este punto, recordó que queda por crear la Fiscalía de Alzira y de Benidorm; así como la Fiscalía de Área de Sagunt o Torrent.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien reconoció la labor de jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades judiciales, valoró este documento de trabajo pendiente, y apostó por que las administraciones competentes trabajen sobre unas raíces para buscar lo que mejora las competencias de Justicia. Al respecto, recordó que la Generalitat invirtió 250 millones de euros en mejorar los edificios de Justicia; creó 200.000 metros cuadrados (m2) n nuevos en infraestructuras judiciales; y desarrolla un plan para modernizar los partidos judiciales. También recordó que hay 800 funcionarios más en los últimos años.

Sin embargo, también hizo referencia al incremento poblacional registrado en la Comunitat, a cerca de un millón más, para los que opinó que "sería bueno" que "todos" se pusieran de acuerdo para exponer a la instancia correspondiente "esta realidad". Explicó, en este punto, que "si somos más, hay más posibilidades de que se aumenten los conflictos", por lo que "hace falta que todos juntos pidamos lo que corresponde a esta sociedad".