SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife promueve un protocolo de colaboración interinstitucional para la atención a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, un proyecto pionero en España, según un comunicado enviado hoy desde esta administración.
A través de este proyecto, se establecerá un canal administrativo que guíe con especial sensibilidad las actuaciones de las mujeres extranjeras ante la Administración a la hora de solicitar o renovar sus autorizaciones de residencia en España. De esta forma, se reducirán los tiempos de espera para la resolución de los trámites, al tiempo que se garantizará la confidencialidad en el tratamiento de los datos de estas mujeres.
El Protocolo Interinstitucional de Intervención con Víctimas de Violencia de Género Extranjeras surgió a raíz de una necesidad detectada por el personal de la Oficina de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife. Al exponer la situación a la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, ésta inició los contactos con la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Cabildo y con el Área de Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz.
A partir de ese momento, las tres Administraciones formaron una mesa de trabajo conjunta para desarrollar el proyecto, cuya firma está prevista para las próximas semanas.
Es un acuerdo "significativo" --señala la nota--, por un lado, debido al volumen de población extranjera asentada en la isla de Tenerife y porque una de cada tres denuncias recogidas en 2008 por el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género corresponde a víctimas extranjeras. Por otra parte, la intervención se efectúa sobre un colectivo sumido con frecuencia en un importante desarraigo afectivo, cultural y lingüístico, lo que entraña especiales dificultades para acceder a la información sobre sus derechos y a los mecanismos sociales de protección.
El desarrollo de esta iniciativa permite implementar un itinerario específico para la tramitación de los permisos de residencia de las mujeres extranjeras. De esta forma, se garantiza en todo momento la confidencialidad de los datos de las interesadas, al tiempo que se agilizan los trámites.
Sin embargo, la importancia del documento excede el ámbito del derecho de extranjería, ya que la obtención de la autorización de residencia supone una vía hacia múltiples derechos y garantías sociales. Por tanto, el trabajo conjunto de las tres Administraciones implicadas en el acuerdo permitirá garantizar el derecho a la asistencia social integral recogido por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Se trata de un acuerdo pionero en España, que ha llevado a otras provincias, tras conocerlo a través de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, a estudiar la posibilidad de implantar un procedimiento similar en su ámbito competencial.
En el caso de la provincia canaria, está previsto que, inicialmente, el acuerdo se desarrolle en la isla capitalina. No obstante, las instituciones firmantes entienden que el marco de cooperación ha de extenderse al resto de las islas de la provincia y, finalmente, del Archipiélago.
