La magistrada Tardón dice que es "muy habitual" que las mujeres agredidas no lo reconozcan, como en el caso Neira

Actualizado: miércoles, 13 agosto 2008 16:35

Considera que existe un problema "muy grave" de recursos en los Juzgados de Violencia de Género, que están "saturados"

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón Olmos, ha señalado hoy que es "muy habitual" que a las victimas les cueste reconocerlo y no declaren contra su agresor, como ocurre en el caso del profesor Jesús Neira, que el pasado 2 de agosto recibió una paliza por defender a una mujer que estaba siendo maltratada.

Según la magistrada, la agresión que sufrió Neira, que se encuentra en coma a consecuencia de la misma, ha sido algo "muy duro y muy grave para él", pero sin embargo podrá servir como testigo directo de unos hechos que la víctima se niega a reconocer.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el Encuentro 'Medios de comunicación, administraciones públicas y violencia de género' que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Tardón lamentó que los casos en los que a las mujeres "les cuesta reconocer" que son víctimas de violencia de género sea algo "muy habitual y muy frecuente".

En este sentido, explicó que hay "muchos" supuestos en los que niegan la agresión, incluso aunque presenten "síntomas evidentes o graves" como lesiones, una situación que achacó a los "terribles" efectos psicológicos de la violencia de género, que "no se curan tan fácil como las heridas", sino que "perduran mucho más tiempo".

Así, explicó que "lo más importante" para una víctima es la desestructuración de su personalidad y la anulación de su autoestima e, incluso, su dignidad como persona.

Tras reiterar que es "muy frecuente" que las víctimas no declaren en contra de sus agresores, Tardón Olmos señaló que "afortunadamente" cuando no se cuenta con esta declaración "directa e inmediata" la Justicia recurre a las pruebas de los testigos. También cuenta con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los indicios que puedan aparecer en una casa o agresiones "inequívocas e incontestables", añadió.

"La Justicia puede llegar a sancionar a través de valorar otras pruebas como un testimonio referencial o directo y unos indicios que revelan que se ha producido una agresión", apostilló.

SATURACIÓN.

Por otro lado, Tardón Olmos reconoció que existe un problema "muy grave" de recursos en los Juzgados de Violencia de Género puesto que se trata de un fenómeno de "proporciones enormes".

Señaló que los juzgados "según nacen ya están saturados" por la cantidad de denuncias y actuaciones que tienen que acometer. Aún así, destacó que según los datos del Observatorio Regional de la Violencia de Género, desde su puesta en marcha en junio de 2005, se interponen aproximadamente 120.000 denuncias al año, el doble de las que había con anterioridad.

También subrayó la existencia de una respuesta "más ágil", "importante" y "especializada" que la que había con anterioridad a su entrada en vigor. No obstante, apuntó que todavía falta "mucho por recorrer" porque el fenómeno es "muy amplio".

Ante la falta de medios y recursos, Tardón afirmó que lo más urgente es la creación de más órganos judiciales y que estén mejor dotados. En este sentido, destacó la importancia de incrementar el personal encargado de proporcionar apoyo psicosocial a las víctimas para valorar si hay una situación de riesgo o un conflicto que "mucho más allá de lo que aparentemente aflora". "La violencia de género aflora como la puntita del iceberg", remarcó.

Asimismo, señaló que a las víctimas hay que "concienciarlas y ayudarlas a entender" que cuando aflora el problema "se agrava" y que, por tanto, "volver con su maltratador" puede ponerlas a veces en un "entorno de riesgo importante para su integridad física".

Finalmente, reflexionó que si bien las víctimas de violencia de género tienen "un mayor protagonismo y una mejor atención" tras la puesta en marcha y entrada en vigor de la ley, deberían sin embargo estar atendidas y protegidas "desde el primer momento" del proceso penal y evitarse, además, actuaciones que produzcan la denominada "victimización secundaria".