La Policía de Almería detiene a otra mujer presunta implicada en una red que estafaba a inmigrantes por 'papeles'

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Almería detuvieron en la tarde de ayer a Julia del Rosario G.A., de 32 años de edad, como presunta autora de los delitos de estafa y contra los derechos de los inmigrantes por su implicación en una red que estafó unos 500.000 euros a inmigrantes a los que se cobraba entre 5.000 y 9.000 euros por la tramitación.

Fuentes de la Jefatura señalaron a Europa Press que, dentro de la investigación emprendida por la Ucrif para desarticular esta red, los agentes practicaron la detención de la joven, que ejercía las funciones de secretaria en la gestoría 'Nanut and Rex', donde se conseguían la documentación para los extranjeros y cuyos responsables, Jorge G.L. y Rosa Lucía C.R., fueron también detenidos el pasado día 16.

Las detenciones se produjeron a raíz de una investigación desarrollada por esta unidad desde el mes de abril tras la denuncia de varios ciudadanos extranjeros que aseguraron haber pagado miles de euros para tramitar permisos de trabajo y residencia para ellos o sus familiares.

La emisión de estos permisos partía de la citada gestoría, sita en la avenida de la Estación de la capital y que aseguraba poder traer a familiares residentes en otros países y conseguir de forma legal el permiso de residencia a cambio de una cantidad que podía alcanzar hasta los 9.000 euros.

Esta gestoría trabajaba con colaboradores que captaban clientes y con pequeños empresarios que facilitaban a la gestoría los contratos de trabajo necesarios para solicitar el permiso de residencia, siendo uno de ellos el tercer detenido el día 16, Jesús A.M.

REGISTROS.

Tras efectuar sendos registros en la gestoría y en el domicilio que comparten sus responsables, se intervino abundante documentación sobre trámites de extranjería, pasaportes de extranjeros, recibos de los ingresos que recibían de los inmigrantes y sus familias, documentación de las empresas a través de las cuales realizaban los contratos a los extranjeros, y documentación sobre los cómplices que captaban clientes y equipos informáticos.

Entre los documentos intervenidos figuran asimismo 200 expedientes de solicitud de permiso de trabajo y residencia, algunos de ellos con ofertas de empleo de empresas que no desempeñaban actividad mercantil alguna, y donde constaban las cantidades que los inmigrantes habían ido entregando, con un montante final de la actividad ilícita que puede ascender a 500.000 euros.

Las tarifas que tenían que abonar los inmigrantes iban desde los 5.000 a los 9.000 euros, dependiendo de la cantidad de personas que solicitaban sus servicios.

La Ucrif mantiene la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.