Los Veintisiete acuerdan castigar penalmente el uso de Internet para fines terroristas

   LUXEMBURGO, (EUROPA PRESS)

   Los ministros de Justicia de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político sobre una norma que obligará a tipificar como delito en todos los Estados miembros las conductas de inducción pública, captación y entrenamiento para el terrorismo, incluyendo los casos en que estas actuaciones se lleven a cabo a través de Internet, por ejemplo mediante la difusión de instrucciones para fabricar una bomba en una página web.

   El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, resaltó que esta decisión es "importante" para España porque hace avanzar "la barrera penal frente al terrorismo". "A veces se tiende a pensar que el terrorismo se produce sólo cuando vemos la llama o el humo, o cuando vemos a la víctima, pero los españoles ya sabemos que hay formas y actividades de preparación, de cooperación, de respaldo financiero, que son también constitutivas de delito", señaló.

   Explicó que en España "prácticamente" todas las conductas previstas en la nueva normativa comunitaria ya están tipificadas penalmente, por lo que no será necesario introducir cambios legislativos. "No me parece que haya nada que debamos corregir mucho", señaló. Otros países, especialmente los nórdicos, sí que deberán modificar su legislación para tipificar, por ejemplo, la inducción, según explicaron fuentes comunitarias.

   El último informe de Europol publicado el pasado 7 de abril alertaba del creciente uso de Internet para difundir "propaganda terrorista" y "manuales de fabricación de bombas". También Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso que hace el terrorismo de Internet para reclutar miembros, según ha recordado la Comisión Europea.

   Los Veintisiete quieren responder al creciente desafío con esta nueva norma, que modificará la decisión marco sobre terrorismo que se adoptó en 2002. La legislación permitirá que las personas que difundan en Internet propaganda terrorista o los conocimientos necesarios para fabricar una bomba sean perseguidos en todos los Estados miembros y que les impongan penas de prisión, en la medida en que esta difusión sea intencionada y asimilable a una inducción a cometer un acto terrorista o a un acto de reclutamiento o formación para fines terroristas.

   En este caso, los tribunales o las autoridades judiciales podrán exigir a los proveedores de los servicios de Internet que retiren esta información.

   La Comisión insistió en que los derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión y de prensa, no se verán mermados con esta iniciativa. En este sentido, en el preámbulo de la propuesta inicial de Bruselas se dejaba claro que "no se pretende reducir ni restringir la difusión de información para uso académico, científico o informativo" y que "la expresión de puntos de vista polémicos en el debate público sobre cuestiones políticas sensibles, incluyendo el terrorismo, queda fuera del alcance" de esta norma.

   Finalmente, en aras del compromiso, se deja libertad a los Estados miembros para decidir si tipifican o no como delito la tentativa de entrenamiento de terroristas (por ejemplo, la construcción de un campo de entrenamiento), algo que defiende España. Otra de las cuestiones polémicas hasta el último minuto era si se aplicaba o no el principio de extraterritorialidad. En este caso, se ha decido, tal y como defendía la Comisión y España, exigir a todos los países de la UE que persigan estos nuevos delitos también fuera de las fronteras de la UE.